Alexander Litvinenko, ex teniente coronel de los servicios secretos rusos, rindió un último tributo a la policía española. Seis meses antes de morir envenenado por una dosis de Polonio 210, contactó con policías españoles y la cita tuvo lugar, poco después, en una ciudad europea. Litvinenko se había caracterizado por criticar los métodos empleados por Putin para acceder al poder y su muerte provocó un auténtico escándalo internacional. Seis meses antes de aquello, explicó a los investigadores españoles qué papel desempeñaban ciertos hombres de negocios involucrados con la mafia rusa. Algunos de ellos vivían en España. A partir de esta entrevista y de un informe de inteligencia de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción española pudo ejecutar la mayor operación habida hasta el momento contra la mafia rusa en Europa.
Por orden de la Fiscalía del Estado el caso se adjudicó a tres fiscales
Los rusos dirigían desde España cientos de negocios sucios en Europa
Los mafiosos rusos agasajaban a Abramovich en sus visitas con el Chelsea
Los papeles de la Operación Avispa estuvieron meses sin examinar
Primavera de 2006. Tres fechas y tres escenarios diferentes. Tres piezas sueltas que dos años después servirían para armar un impresionante puzle. 3 de mayo en Palma de Mallorca: la Guardia Civil deposita en la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre la presencia en España de importantes miembros de una organización criminal rusa con sede en San Petersburgo y denominada Tambovskaya. 10 de mayo en Jumeirah, localidad costera situada a 35 kilómetros de Dubai (Emiratos Árabes Unidos): policías españoles intervienen en la detención de Zakhar Kalashov, alias Sacro, alias El Invisible, un destacado jefe mafioso de origen kurdo y buscado por las autoridades españolas. Para lograr su detención fue precisa la intervención de las máximas autoridades del Estado español. Días después en una capital europea: unos policías españoles se entrevistan con Litvinenko para obtener información.
La detención de Kalashov era de por sí suficiente quebradero de cabeza como para que alguien, en la sede central de la Fiscalía Anticorrupción, pudiera prestarle la debida atención a los otros dos sucesos. La detención de Kalashov compensaba algunas de las frustraciones que los investigadores especializados en mafias rusas habían tenido a lo largo de los últimos tiempos. Sabían que, a partir de la detención, comenzarían a moverse ciertos tentáculos alrededor de la fiscalía y el juez del caso, Fernando Andreu.
No era una novedad. Sucedió durante la Operación Mármol Rojo y después de la primera fase de la Operación Avispa: filtraciones desde dentro que permitieron que algunos imputados se escaparan antes de ser detenidos, presiones desde embajadas, políticos españoles tocados por la organización, llamadas de abogados importantes, amenazas de muerte o sustituciones en la fiscalía que dieron lugar a la puesta en libertad de algunos de los detenidos.
Kalashov era un peso pesado y la presión no tardaría en llegar a la Audiencia Nacional. Sabían que los lugartenientes de Kalashov buscaban entre las amistades del juez Andreu. Era su forma habitual de proceder, su lenguaje predilecto, la extorsión, el soborno, la búsqueda de influencias.
Transcurrido el verano, con Kalashov aislado en la cárcel de seguridad de Soto del Real (Madrid) algunos movimientos dentro de la Fiscalía Anticorrupción propiciaron que se estableciera una estrategia para dar un tercer golpe más certero a la mafia rusa en España. Una orden de la Fiscalía General del Estado autorizó excepcionalmente que tres fiscales (José Grinda en Madrid, Juan Carrau en Palma de Mallorca y David Martínez Madero en Barcelona) coordinaran una investigación a partir del informe elaborado por la Guardia Civil en Baleares. Pero no iba a ser un caso de la Guardia Civil. Los fiscales reunieron en Madrid a jefes de distintos departamentos: Udyco (crimen organizado) y UDEF (blanqueo) de la Policía; UCO (crimen organizado) de la Guardia Civil; Vigilancia Aduanera (Agencia Tributaria), Sepblac (Banco de España) y Unidad Central de Inteligencia Criminal (Interior). Todos debían apoyar la investigación. Por una casualidad, uno de esos departamentos había abierto diligencias en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Conclusión: Garzón sería el juez instructor. Así nació la Operación Troika.
¿Fue relevante la información aportada por Litvinenko? El ex agente ruso dio algunas pistas sobre la importancia que tenían algunos jefes mafiosos y qué tipo de relaciones podían mantener con altas instancias del Estado ruso. Los investigadores españoles carecían de información suficiente para poner a cada jefe en su sitio dentro de la complicada maraña de las sociedades criminales rusas. A pesar de que ya existe una abundante literatura sobre la materia, sólo la investigación sobre el terreno permite centrar cuál es la verdadera importancia de cada jefe y cómo son sus relaciones con otras organizaciones. Porque si algo distingue a las bandas mafiosas rusas es su constante evolución, sus complicadas alianzas, sus cambios de bando y, cómo no, sus guerras particulares.
Litvinenko tenía un buen conocimiento de cómo aparecieron en escena algunos personajes. Litvinenko trabajaba como teniente coronel en el URPO (Dirección de Elaboración y Eliminación de Actividades de las Organizaciones Criminales). Por tanto, conoció muy de cerca las actividades de personajes como Tariel Oniani, Zhakar Kalashov, Vitali Izguilov y Tiourin, entre otros. Oniani y Kalashov participaron en los primeros años noventa en muchos secuestros y asesinatos durante la etapa de las privatizaciones. "Hubo muchas muertes de personas que se negaban a vender acciones", comentó Litvinenko. Y tanto Oniani como Kalashov participaron en acciones coordinadas con algunos departamentos de la seguridad de Rusia. De hecho, a Kalashov, según Litvinenko, se le utilizaba para presionar a Turquía debido a su origen kurdo.
La lista de personas sobre las que informó Litvinenko alcanzaba a personajes que tenían sede en España. Era el caso de Oniani, Kalashov, Izguilov y Tiourin. Ellos formaban parte de la oleada de ciudadanos rusos que encontraron en España un buen lugar donde refugiarse por temporadas. Con el paso del tiempo, algunos de ellos habían elegido España como su domicilio habitual, como un lugar donde podían blanquear una parte de sus ganancias, y el centro desde donde dirigían todos sus negocios. La información de Litvinenko aportó también algunos datos sobre Roman Abramovich, actual presidente del Chelsea y propietario de importantes intereses petrolíferos en Rusia.
Curiosamente, los intereses de algunos de estos personajes, caso de Oniani, Izguilov y el propio Abramovich, se cruzan en su pasión por el fútbol, un deporte que no les es ajeno. Los investigadores españoles tienen evidencias de cómo algunos de los rusos afincados en España competían entre sí a la hora de organizarle a Abramovich un buen recibimiento durante su estancia en España con motivo de los partidos del Chelsea en la Liga de Campeones. El Chelsea ha jugado últimamente en España contra el Barcelona y el Valencia. Y fue la cita de Barcelona la que originó más tensiones a la hora de agasajar al magnate afincado en Londres. Por otra parte, de las investigaciones se deduce también que, entre los imputados por la Operación Troika, los hay con intereses en el mejor equipo ruso del momento, el Zenit de San Petersburgo, reciente campeón de la Copa de la UEFA y club en el que militan con grandes salarios buena parte de los integrantes de la selección rusa que acaba de ser semifinalista en la Eurocopa. Entre el extraordinario volumen de intereses económicos que comparten los imputados y que ocupan sus conversaciones, uno de ellos era el fútbol.
Litvinenko facilitó información sobre Oniani, Kalashov e Izguilov. Los tres residían en España o, como es el caso de Kalashov, pasaba algunas temporadas. Los tres fueron el objetivo principal de la Operación Avispa cuando se llevó a cabo en junio de 2005. Sobre todo, Oniani, cuyo papel por entonces era bastante importante dentro de las jerarquías criminales. Y si Oniani era el objetivo número uno de aquella operación, resultó que Oniani se escurrió en el último momento. Aquella operación se vendió como un éxito policial y en cierto modo lo fue, pero lo que no se dijo entonces fue que hubo una parte de fracaso. Un chivatazo dio al traste con su detención. Tres años después, todavía esta pendiente de ser localizado el responsable. Fugado Oniani, desaparecido también Kalashov, Izguilov terminó siendo el detenido de mayor fuste de aquella operación. A pesar de todo, no estuvo demasiado tiempo en la cárcel y obtuvo la libertad condicional. Desde entonces, ha vivido entre Alicante y Marbella. Curiosamente y, a pesar de su condición de imputado, su poder fue en aumento.
Los tres fiscales encargados del caso comenzaron a sumar toda la información disponible sobre decenas de ciudadanos rusos y sus actividades en España y fuera de España. Tenían ya una experiencia acreditada sobre los intentos habidos para ganar influencia en nuestro país. Algunas gestiones no dejaron de ser algo ingenuas, como sucedió alrededor de Kalashov después de su detención. Su defensa se encomendó a tres abogados, uno ruso, otro suizo y un tercero español. Como abogado español se eligió al ex juez Javier Gómez de Liaño, en la confianza (así lo aseveran las intervenciones telefónicas del momento) de que su pasada condición de juez de la Audiencia Nacional les permitiera algún trato de favor. No ha sido así a la vista de la experiencia: Kalashov ha sufrido ya tres traslados de cárcel.
El volumen de información acumulado es tan grande como para hacer necesario que se disponga una sala especial para su examen. Durante la instrucción del caso, se descubrió un hecho sorprendente: gran parte de la información obtenida en los registros de la Operación Avispa había permanecido sin estudiar dentro de las cajas de documentación. Esa negligencia motivó algún conflicto y fue subsanada.
La información obtenida es muy compleja porque afecta a una cantidad ingente de operaciones comerciales y no comerciales que los mafiosos efectuaban en numerosos países. La voracidad de sus negocios no conocía límite y lo mismo negociaban la compra de inmuebles en Alemania, transacciones económicas con Suiza y Chipre, como importaciones (por no decir contrabando) de cemento a Suecia. Es evidente que el centro de sus actividades económicas estaba en Rusia y en los países que formaron parte de la URSS (Ucrania y Georgia, entre otros), así como la República Checa, pero en todas aparece el denominador común del soborno y la extorsión. El pago de comisiones por cualquier motivo es casi diario. En ese contexto sale a la luz el nombre de numerosas personas que ocupan puestos en la Administración.
Otro común denominador es cómo los personajes investigados siguen con detenimiento los avatares de la política rusa y de qué manera cada nombramiento de un alto funcionario en según qué departamento de cualquier región del país puede afectar o no a sus intereses. La información obtenida es también muy precisa en todo lo referente a las "guerras comerciales" entre las organizaciones. A lo largo de la investigación aparecen numerosas informaciones sobre muertes accidentales y amenazas. Dichas informaciones afectan en buena medida a determinadas instituciones de Rusia, pero también a las de otros países, caso de Grecia, Israel y Alemania. Baltasar Garzón y los fiscales que han coordinado las investigaciones esperan la visita para esta próxima semana del fiscal general adjunto de Rusia, a la hora de determinar si puede establecerse una cooperación entre ambos países. Los verdaderos efectos de la operación Troika tardarán tiempo en conocerse.
