Rusia está sufriendo este verano una de las peores estaciones de incendios de su historia. La mayor sequía de los últimos 50 años y las más altas temperaturas registradas en los últimos 130 años están en el origen de más de 800 incendios forestales, que han devastado numerosos pueblos y aldeas y producido más de medio centenar de víctimas mortales. El humo contaminante que cubre una amplia región rusa, en la que se incluye la propia capital, ha obligado a suspender vuelos, cerrar aeropuertos e incluso suspender la actividad de empresas. Algunas embajadas han empezado a retirar parte de su personal ante las pocas expectativas de que la catástrofe amaine.
Instalaciones militares, depósitos de materiales nucleares y bases de lanzamiento de misiles se hallan en el radio de riesgo de los incendios, algo que multiplica su potencial destructivo y pone a prueba, de momento con resultados adversos, la capacidad de las autoridades rusas para enfrentarse a situaciones tan extremas. La región de Bryansk, fronteriza con Ucrania y contaminada por la catástrofe de Chernóbil, corre peligro si se reactivan por el calor los restos nucleares dispersos en la superficie.
Los efectos de este calor tan intenso se han hecho notar ya en el mercado mundial de los cereales. El primer ministro Vladímir Putin, en previsión de la caída de la producción causada por la sequía y los incendios, ha prohibido la exportación de cereales en 2010, desencadenando una subida de los precios que puede repercutir en el precio mundial de los alimentos.
No son únicamente factores naturales los que explican la intensidad de estos incendios. Con independencia de lo que pueda haber influido el calentamiento global, no parece ofrecer dudas de que la disminución drástica de los cuerpos de guardabosques y bomberos rurales, las políticas forestales privatizadoras y las reformas administrativas aplicadas por Putin explican las dificultades para prever y luego apagar los incendios. El devastador efecto de los incendios se ha hecho notar en la propia administración de un Estado incapaz de gestionar con eficacia y buena coordinación una emergencia de esta envergadura. Han empezado algunas destituciones en las escalas inferiores, pero en el actual sistema nadie puede esperar que las consecuencias de la catástrofe se extiendan hacia más arriba y lleguen a afectar a quienes son los máximos y más efectivos responsables de tan mala gestión.
