La Unión Europea ha empezado a adoptar un tono intimidatorio frente a la «guerra del gas». Por primera vez se les ha dicho claramente a Rusia y a Ucrania que la crisis tendrá «consecuencias políticas» para ambos si no se resuelve rápidamente. El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, previno por su parte que en caso de que el gas no llegue cuanto antes a las tuberías de los operadores europeos, les recomendará que acudan a los tribunales internacionales para reclamar, por los daños provocados durante la interrupción del suministro, sumas que pueden alcanzar cantidades millonarias.
El viceprimer ministro checo, Alexandr Vondra, que es el auténtico «piloto» de la presidencia checa, dijo ayer en el Parlamento Europeo que después de más de una semana sin suministro de gas «el tiempo está a punto de acabarse y queremos resultados» tanto en Rusia como en Ucrania, y «si no llegan esos resultados, tendrá inevitablemente consecuencias políticas en nuestras relaciones con ambos países».
Para el presidente Barroso, la situación es «inaceptable» e «increíble», y dijo ante los diputados que quería enviar un «mensaje claro» a Rusia y Ucrania: «Si los acuerdos firmados con Europa no se respetan, la Comisión aconsejará a las empresas europeas afectadas que lleven a Gazprom (rusa) y Naftogaz (ucraniana) a los tribunales internacionales, y animará a los Estados a buscar vías alternativas de suministro».
Nuevo tratado de asociación
El problema para Europa es que las supuestas «consecuencias políticas» serían igual de dañinas para los veintisiete que para Rusia. Y todos saben que deben hacer frente a las negociaciones que comenzaron el año pasado para un nuevo tratado de asociación.
La Comisión trata de no involucrarse directamente como mediador en el conflicto que opone a Rusia y Ucrania, para evitar que ese papel contamine su diálogo con uno de los mejores clientes de los exportadores europeos. En cuanto a los recursos ante los tribunales, que algunas de las compañías damnificadas, como la húngara Emfesz, ya han emprendido, contribuirían a complicar un asunto ya muy enrevesado.
Y las apelaciones de Barroso al recurso a otras alternativas, por desgracia, a corto plazo no existen. Polonia y Lituania ya han abierto el debate: los dos países lanzaron ayer la idea de construir una nueva central nuclear en Ingalina, donde la Comisión obligó a cerrar la que existía por ser de tecnología soviética.
En el aspecto político, las cosas probablemente no podrían ir peor. Con la Comisión y la presidencia checa, están bloqueadas ante su incapacidad de resolver el entuerto entre rusos y ucranianos -el primer ministro Mirek Topolanek pidió en la Eurocámara «más transparencia en los contratos del gas», porque hay tantas cláusulas secretas y empresas fantasma que es difícil recomponer el puzle-. Los afectados acuden por su cuenta a Moscú para resolver sus problemas, sin coordinarse con Bruselas.
En el despacho de Putin
Ayer pasaron por el despacho de Vladímir Putin los primeros ministros de Bulgaria, Serguei Stanishev, y de Eslovaquia, Robert Fico. Ambos son los más damnificados: a Eslovaquia se le acaban las reservas y no puede ser abastecido desde occidente por el gasoducto, y Bulgaria no tiene ni reservas ni alternativas. Putin le dijo a los dos lo mismo, que la culpa la tiene Ucrania.
También se lo dijo al presidente moldavo, que se sumó a la procesión, hasta el punto de que el primer ministro ruso acabó convocando una cumbre en Moscú para este sábado. Como era de esperar, Ucrania dijo que «sí» a la cumbre, pero que tiene que ser en Europa; mientras que desde la Comisión Europea no han decidido todavía si quieren participar.
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