"En las actividades de Timoshenko se observan indicios de traición a la patria", señala el comunicado de la Comisión Provisional de Investigación (CPI) ucraniana, que mantiene que los delitos cometidos por la líder de la oposición "desbordan los límites del concepto de abuso de poder".
Según la CPI, a la hora de autorizar la firma de aquellos acuerdos, que Kiev considera onerosos para la economía ucraniana, Timoshenko ocultó que sus empresas tenían deudas ante el Ministerio de Defensa de Rusia equivalentes a 405 millones de dólares.
Además, la CPI acusa a Timoshenko de no haber informado entonces de que las autoridades rusas habían incoado una causa penal contra ella por haber sobornado a altos funcionarios públicos rusos, aunque Moscú ha dado carpetazo hace tiempo a este caso.
"Aquellas circunstancias sin duda demuestran un conflicto de intereses y ejercieron una influencia considerable sobre la decisión de la primera ministra a favor de un Estado extranjero (Rusia)", señala el comunicado de la CPI.
Según la investigación, la que fuera jefa del Gabinete ucraniano celebró en 2009 negociaciones secretas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para aceptar las condiciones "usureras" impuestas por Moscú en contraposición a otro memorando bilateral sobre colaboración en materia gasística firmado en 2008.
La líder del principal partido de la oposición ucraniana ha reiterado que el proceso contra ella tiene "motivación política" y está orquestado por el presidente del país, Víctor Yanukóvich, y el jefe del Gobierno, Nikolái Azárov.
Mientras, la Unión Europea considera que Timoshenko no ha tenido un juicio justo y ha advertido al Gobierno de Yanukóvich de que el tratado de asociación y de libre comercio con Ucrania, cuya negociación acaba de finalizar, no será suscrito hasta que no se solucione la situación de la ex primera ministra y líder opositora.
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