Temblando de frío, más de quince países europeos se han convertido durante casi dos semanas en rehenes de la crisis que ha enfrentado a Rusia y Ucrania por la llamada guerra del gas, un dilema que opone desde 2006 a dos antiguos hermanos soviéticos. Este fin de semana se ha firmado un acuerdo y Moscú se ha comprometido a rebajar el precio del gas exigido en un 20%, aunque sólo hasta el año 2010, cuando Kiev deberá pagar el precio real y pueden surgir nuevos escollos. Aunque el gas comience a llegar nuevamente a Europa, la crisis pasará factura tanto a Ucrania como a Rusia, que definitivamente dejan de ser socios fiables y con credibilidad a los ojos de la UE (que, por primera vez, ha hablado de represalias políticas). En la actualidad, Rusia es el principal suministrador de gas a Europa (hasta un 46% del total), seguida de Noruega (27%) y Argelia (20%). Como ha dicho el actual presidente comunitario de turno, el primer ministro checo Mirek Topolanek, los cortes de gas menguan nuestra economía, nuestra libertad y nuestra seguridad y, por lo tanto, buscar soluciones se convierte en una prioridad para los Veintisiete.
La solución del rompecabezas no es fácil, porque no se trata de divergencias meramente comerciales, sino que integra intereses políticos y estratégicos que van mucho más allá de la guerra por el precio de la energía. Ucrania está pagando ya el precio real, no solo del metro cúbico de gas, sino de su alejamiento de Moscú, de la revolución naranja en 2004 y su acercamiento a Estados Unidos, de su candidatura de adhesión a la OTAN y a la UE, y de su reciente apoyo a Georgia durante la guerra por el control de Osetia del Sur y Abjásia, entre otros gestos que Rusia percibe como afrentas.
Así lo dijo abiertamente en los micrófonos de Eco Moscú el diputado ruso Evgueni Fiódorov, cuando le preguntaron sobre quién tiene la culpa de que Europa se congele: «Washington». En su opinión, «la revolución naranja se realizó en Ucrania con el fin de crearle problemas a Rusia», y en un tono más crítico reconocía que «sí, Europa se congela; pero ¿dónde estaban los políticos europeos cuando en Ucrania se formaba un régimen no democrático con métodos no democráticos?».
El resentimiento ruso con Ucrania y la UE por su supuesta traición no es ningún secreto. Así se interpretó cuando, ya en enero de 2006, Moscú decidió quintuplicar el precio del gas a Ucrania, argumentando que las anteriores eran tarifas obsoletas, adaptadas al precio amigo de la extinta Unión Soviética. El abastecimiento de gas ruso cayó entonces un 30% en Austria, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia, un 40% en Hungría y un 25% en Francia e Italia. Entonces constatamos en la UE por primera vez que Rusia tenía un arma estratégica -la energía- y un grifo que utilizaba a su antojo para conseguir fines políticos. En 2008 Rusia subió el precio de 130 a 179,5 dólares por cada mil metros cúbicos de gas y situó a Naftogas (la empresa gasística ucraniana) al borde de la quiebra. Ahora, a principios de 2009, la historia se repite. Moscú nos recuerda que mantiene ese arma y la misma voluntad de emplearla, mientras cientos de miles de hogares se quedan sin calefacción en media Europa. De ahí la necesidad de buscar alternativas de forma urgente porque está en juego nuestra política energética, estratégica y de seguridad de las próximas décadas.
Según la comisaria comunitaria Benita Ferrero Waldner, algunos esfuerzos en esta línea están ya en marcha; como, por ejemplo, en el sur, donde se espera constituir un mercado euromediterráneo de la energía. El proveedor tradicional de la Unión en esa zona es Argelia, con el que se quiere estrechar aún más los lazos comerciales; pero se están abriendo nuevas vías también con Egipto, Marruecos, Jordania y Libia. Además, también se están estudiando proyectos de interconexión con Oriente Medio y negociando futuros acuerdos energéticos con Irak e Irán.
Sin embargo, el programa estrella de la UE sigue siendo el proyecto Nabucco, un gasoducto que vendría desde el Mar Caspio, a través de Georgia y Turquía, y sin pasar por Rusia. En todo caso -y a pesar de iniciales acuerdos ya establecidos con Ucrania, Azerbaiyán y Kazajstán- quedan muchos escollos por superar. Por una parte, Rusia ha firmado importantes acuerdos con Turkmenistán (uno de los más importante proveedores de ese hipotético gasoducto), lo que cuestiona el proyecto desde sus fuentes. Por otra, aún no se ha logrado fijar el trazado definitivo (basta recordar que Georgia es un territorio estratégicamente convulso, en el que las garantías de seguridad ofrecidas por Washington no han conseguido superar los problemas).
Rusia no ha sido ajena a los movimientos de los Veintisiete, y para hacer frente a los intentos de diversificación de la UE y para mantener su posición dominante en el mercado europeo, ha desarrollado proyectos de gasoductos paralelos a Nabucco como Nord Stream, Blue Stream 2 y South Stream. En el contexto de la crisis actual, algunos analistas sostienen que Rusia está consiguiendo que Ucrania aparezca como un socio en el que no se puede confiar; una imagen que podría beneficiar a Moscú y dar un empujón definitivo a la construcción del gasoducto Nord Stream, un proyecto de Gazprom cuya paternidad se atribuye al mismísimo Vladímir Putin (y que ha servido al ex canciller alemán Gerhard Schröder para disfrutar de un lucrativo retiro político), con un coste inicial de 7.400 millones de euros, y al que se oponen ferozmente algunos países europeos liderados por Polonia. La pretensión de sus promotores es llevar el gas siberiano desde Rusia directamente hasta Alemania a través del mar Báltico, esquivando a esos países que se han enemistado con Moscú tras la caída de la URSS. Un factor negativo a considerar en este supuesto es que la UE dependería aún más del gas ruso y el proyecto Nabucco quedaría relegado.
Con estos elementos en juego la resolución de la actual crisis parece complicada a largo plazo, puesto que se mezclan intereses comerciales, políticos y estratégicos. La UE cojea una vez más de su principal defecto: su incapacidad para hablar con una sola voz en materia energética. Somos casi 500 millones de consumidores, pero no tenemos fuerza política porque no estamos unidos ni encontramos una solución común y duradera. Por el contrario, cada gobierno nacional trata, desesperadamente, de resolver su propio problema, incluso a costa de sus socios comunitarios. Con estas perspectivas, a Bruselas no le queda más remedio que seguir buscando alternativas que, a largo plazo, nos alejen de los chantajes comerciales y las disputas entre países enemistados por la historia.
