EUROPA.- La aprobación de la durísima Directiva Retorno el 18 de junio en el Parlamento Europeo por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, mediante la cual se violan o se lesionan los derechos humanos de los inmigrantes que se encuentran en el Viejo Continente, ha generado en Latinoamérica una ola de protestas y de amenazas de represalias.
La norma establece que se puede deportar a su país de origen a todos los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea (UE) y no tienen su documentación en regla, incluso a niños menores de edad, sin acompañamiento de sus padres o tutores, y que no podrán retornar por un lapso de cinco años. Además, establece la retención de hasta 18 meses, en centros de internamiento, de los inmigrantes ilegales que se nieguen a abandonar el país o a dar la información requerida para deportarlos.
Los 27 países que actualmente conforman la UE se convierten de esta manera en una fortaleza inexpugnable para millones de emigrantes, sobre todo de África, la Europa del Este y mediterránea, que no son parte de la UE (Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Yugoslavia, Turquía), Asia y América Latina.
En el trasfondo de esta ley xenófoba se mueven, entre otros, tres principales prejuicios que la derecha y la ultraderecha europeas dan por evidencia: 1) que el alarmante aumento del costo de la vida se debe, según las estadísticas, a que hay que compartir el “Estado de bienestar europeo”, los beneficios de la seguridad social y del seguro de desempleo, con los inmigrantes; 2) el alto índice de desempleo se debe a que los inmigrantes quitan los empleos a los nativos o a que venden su mano de obra a precios más baratos, con lo que quiebran así las tarifas salariales conquistadas por los sindicatos y la sociedad; 3) que la criminalidad es un mal social que corresponde a los inmigrantes en su mayoría, debido a que las cárceles europeas están llenas de ellos.
Estos presupuestos de claro corte racista son discutibles. Baste para ello mencionar que Europa es el continente con la población más envejecida del mundo, necesitada de la inyección económica y anímica de los jóvenes emigrantes que llegan a trabajar y que serán, con sus hijos, quienes van a pagar las pensiones de la anciana población europea en los próximos años.
No todos los europeos avalan esta evidente estrategia policial contra los inmigrantes. Parte de la izquierda y los grupos ecologistas del Europarlamento se opusieron a dicha normativa, los socialistas franceses admitieron que la Directiva Retorno es insuficiente en materia de protección de los derechos fundamentales, mientras los comunistas italianos hablaron de una “directiva inhumana” impuesta por los gobiernos.
En Latinoamérica han sonado las alarmas, sobre todo en países como Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, que tienen varios millones de sus compatriotas en el Viejo Continente, fundamentalmente en España. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseveró que los tres millones de ecuatorianos residentes en Europa han contribuido también al desarrollo económico de países como España y que la Directiva Retorno ignora dichos aportes realizados a fuerza del sudor del trabajo de los inmigrantes. Correa amenazó con una acción conjunta de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), como por ejemplo pedir visado a los ciudadanos de la UE o revisar las importaciones andinas a Europa. El presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó enérgicamente esta medida, que afecta a más de medio millón de bolivianos residentes en el Viejo Continente, y recordó que Latinoamérica ha sido hospitalaria y dadivosa con las diferentes migraciones europeas que han llegado luego de los grandes conflictos mundiales que han azotado a Europa, como las hambrunas o las guerras mundiales.
Más radical fue el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, quien amenazó con no suministrar petróleo a todos aquellos países europeos que apliquen tal normativa. Esta medida fue aprobada por el presidente electo de Uruguay, Fernando Lugo, quien se encontraba en un acto compartiendo tarima con Chávez al momento de tal anuncio. Uruguay y Argentina, con grandes segmentos de su población de origen europeo, han condenado de manera muy especial dicha normativa.
En Europa también hay un fuerte sentimiento de rechazo a la Directiva Retorno, que se tradujo en la condena de grupos de izquierda, de defensa de los derechos humanos, ecologistas y hasta del mismo Vaticano, por considerar que se está discriminando y satanizando de antemano a los cerca de ocho millones de extranjeros ilegales que actualmente residen en los países de la UE.
La “Fortaleza Europa” que esta normativa pretende construir no es tan fuerte como parece.
