Queda un mes escaso para las elecciones generales y los candidatos ya salen casi a mitin por día. En la marea de palabras, cifras y descalificaciones al contrario, el ciudadano corre el peligro de olvidar que lo que se deciden son políticas concretas, y ésas están en los programas que la mayoría de los votantes no tiene tiempo para leer. EL PAÍS ha comparado algunos aspectos clave de los programas electorales -en algunos puntos, aún no definitivos- de los dos únicos partidos con opciones de dirigir el Gobierno: PSOE y PP.
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Ambos se han lanzado a una carrera de rebaja de impuestos con la que esperan seducir al electorado, y a otra de control de la inmigración que tiene similitudes -su promesa de
agilizar las expulsiones y de castigar con especial dureza a los delincuentes extranjeros- y diferencias: el PP quiere obligar a los inmigrantes a firmar un "contrato de integración", el PSOE dice que la integración consiste sencillamente en cumplir las leyes.
Muchas competencias -en materia educativa, sanitaria, de vivienda- están transferidas a las comunidades autónomas, así que los partidos pueden proponer pero no siempre disponer desde el Gobierno central si no pactan con las autonomías. Aun así, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el popular Mariano Rajoy se comprometen a plantar millones de árboles, mejorar la calidad de la enseñanza y atender a las necesidades de las familias. Éste es su compromiso, negro sobre blanco.
IMPUESTOS
La carrera de las rebajas fiscales atrapa a los dos partidos
Hay algo en lo que la tradiciona
l división entre izquierda y derecha se difuminó hace tiempo: la política fiscal. PSOE y PP prometen a los ciudadanos básicamente lo mismo: bajarles los impuestos (eso fue durante décadas una oferta propia de la derecha). Y ambos argumentan que, cuanto más baja sea la presión fiscal, más se recauda al final porque los empresarios se animan a crear empleo y los consumidores a comprar, y así la economía crece.
Los dos partidos que optan a gobernar prometen bajar el principal impuesto, el que grava los ingresos por trabajo (IRPF). El PSOE lo hará devolviendo a todos los asalariados y pensionistas 400 euros cada año desde este mismo ejercicio, reduciendo las retenciones por IRPF mes a mes. De esto se beneficiarían 13 millones de personas; no los 3,3 millones de trabajadores autónomos, que en principio quedan fuera de la medida aunque el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que recibirán un "trato equitativo", aún no concretado.
El PP también retocará a la baja el IRPF, por tres vías: primero, reducirá los tipos (bajará el que pagan los más ricos y el que pagan los más pobres, y juntará en uno los tipos intermedios); segundo, eximirá de pagar a todos los ciudadanos que declaren ingresos inferiores a 16.000 euros anuales (siete de cada diez trabajadores); y tercero, devolverá 1.000 euros anuales a todas las mujeres que paguen IRPF, cobren mucho o poco -esto a pesar de que el PP ha criticado, por un parte, la medida socialista de los 400 euros y, por otra, las medidas de discriminación positiva de las mujeres incluidas en la Ley de Igualdad-.
La rebaja planteada por ambos partidos supondrá una merma considerable de ingresos en las arcas públicas, aunque la del PP costaría casi el triple (unos 15.000 millones de euros) que la del PSOE (5.000 milones).
Los dos prometen también bajar el impuesto de sociedades (que pagan las empresas) y eliminar el de patrimonio (que grava la posesión de bienes).
INMIGRACIÓN
Mayor dureza con los extranjeros que cometan delitos
A pesar de los discursos de estos días, PSOE y PP coinciden en dos cosas fundamentales: la primera, que no habrá más regularizaciones masivas; la segunda, que hay que agilizar las expulsiones de los inmigrantes que delincan.
Los dos partidos han hecho regularizaciones extraordinarias cuando han estado en el Gobierno: el PP dio papeles a 480.000 personas en tres procesos; el PSOE hizo una sola regularización en 2005 -vinculada por primera vez a la posesión de un contrato de trabajo- a la que se acogieron casi 600.000 inmigrantes.
El PSOE justificó ese proceso en la necesidad de sacar a la luz a cientos de miles de ilegales "heredados" del PP, pero ahora asegura que no volverá a hacerlo (aunque la bolsa de sin papeles vuelva a llenarse) porque "existen vías para la regularización individual". El PP va más allá: prohibirá por ley las regularizaciones masivas.
En cuanto a las expulsiones, serán polémicas. Los socialistas proponen que los inmigrantes condenados por maltrato cumplan su pena y después sean, además, expulsados durante 10 años; no sólo los irregulares, también los que tuvieran residencia legal e incluso permanente (ahora la ley prevé expulsión salvo para quienes tienen residencia permanente). Es decir, serían castigados con más dureza que los maltratadores españoles.
El PP promete expulsión inmediata para el inmigrante que cometa un delito castigado con menos de seis años (que se ahorraría así la cárcel). Si el delito es más grave, cumpliría su pena y después sería también expulsado. Eso es algo que el PP ya introdujo en el Código Penal en 2003 y que está vigente (contra la opinión del Supremo) porque el PSOE dijo que iba a eliminarlo pero no lo hizo. Con una diferencia: ahora se aplicaría también a extranjeros legales.
El PP plantea, además, algo que el PSOE y las ONG tachan de xenófobo: un "contrato" que obligaría a los extranjeros a aprender castellano y adoptar "costumbres españolas". Y un "visado por puntos" que primará a los inmigrantes "más integrables".
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Lo que va del "diálogo" a la "negociación"
El candidato del PP, Mariano Rajoy, lleva meses asegurando con solemnidad que, si llega a ser presidente del Gobierno, jamás negociará con ETA. El verbo elegido es importante, porque no implica necesariamente que jamás se sentará a hablar con ETA sino que nunca "negociará". Su tesis es que Rodríguez Zapatero no sólo dialogó sino que negoció, que se mostró dispuesto a intercambiar cromos con la banda, aunque finalmente esa negociación resultase fallida.
El programa de los populares recoge ese compromiso, y en esos términos: "Propondremos que el Parlamento apruebe una declaración institucional manifestando el compromiso de que no existirá ninguna negociación con ETA". Además, dice que restablecerá el Pacto Antiterrorista entre PSOE y PP. Y propone una reforma del Código Penal para que los delitos de terrorismo no prescriban.
El PSOE también promete hacer todo lo posible para recuperar la unidad de los demócratas en la lucha contra ETA, además de anunciar una Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que unifique la legislación actual y dé más derechos a los damnificados.
En cuanto a la posibilidad de volver a abrir un proceso de diálogo con la banda en el futuro, el programa se limita a afirmar: "Sabiendo que tras la ruptura del alto el fuego no hay ninguna expectativa de diálogo, desde el Gobierno de la nación, el PSOE se compromete a poner todos los instrumentos a su alcance para conseguir acabar con ETA buscando para ello la máxima coordinación con el primer partido de la oposición y el resto de las fuerzas políticas democráticas".
FAMILIA
El 'voto' de los párvulos
En España hay casi un millón y medio de niños de entre cero y tres años, tramo en el que el Estado no está obligado a garantizar la escolarización gratuita. De ese millón y medio, apenas 240.000 (el 17%) tiene plaza en una guardería pública. PSOE y PP han reparado ahora en la desesperación de los padres del resto, y se han lanzado a prometer cientos de miles de plazas de guardería para la próxima legislatura: 300.000 los socialistas, 400.000 los populares. Si ganan tendrán que concretar cómo lo harán, teniendo en cuenta que la competencia es autonómica.
Habrá más "política de familia": el PSOE, que ya amplió el permiso de paternidad a 15 días en este mandato, lo extenderá a un mes en el próximo; además, propone abrir los colegios por la tarde -también tendrá que negociarlo con las autonomías- y que los padres puedan optar a la reducción de jornada laboral hasta que sus hijos cumplan 12 años (ahora el límite es ocho años).
El PP también ampliará los permisos de maternidad y paternidad, aunque aún no ha concretado a cuántos días. Y Rajoy ha prometido que no quitará "ningún derecho" a los matrimonios homosexuales, aunque, si el Tribunal Constitucional se lo permite, les pondrá otro nombre.
MEDIO AMBIENTE
Más árboles y quizás un trasvase
El cambio climático está aquí. En eso están de acuerdo PSOE y PP, a pesar de los chistes sobre el tema que hizo al principio Mariano Rajoy. Y coinciden en una de las medidas a tomar: plantar árboles. El PSOE prometió 45 millones -además de los que ya se plantan cada año-, y el candidato del PP sorprendió esta semana elevando la cifra a nada menos que 500 millones.
En cuanto a la política del agua, el PSOE mantiene su apuesta por las desaladoras y el PP no acaba de definirse. En su programa defiende "una distribución basada en criterios de eficiencia y solidaridad incluyendo, entre otros mecanismos, las transferencias de recursos sobrantes disponibles de las cuencas excedentarias a las deficitarias". Es decir, que podría haber trasvase del Ebro desde Aragón a Valencia y Murcia si a los aragoneses les sobra agua.
ESTADO
De acuerdo en reformar la Constitución
La reforma constitucional que planteó el PSOE en las elecciones de 2004 quedó pendiente, y los dos partidos están de acuerdo en retomarla, sobre todo para establecer la igualdad entre hombre y mujer en el acceso a la Corona. No es el único retoque que podría sufrir la norma fundamental. El PP quiere delimitar el núcleo básico de competencias "intransferibles e indelegables" del Estado, para frenar lo que consideran una "fiebre descohesionadora" a favor de los nacionalismos. Además, si gana impondrá que los estatutos sólo puedan modificarse con una mayoría de tres quintos del Congreso.
Los socialistas ponen el énfasis en un nuevo sistema de financiación autonómica de régimen común, "continuando el proceso de profundización en la corresponsabilidad fiscal, la autonomía financiera y la solidaridad" territorial.
PENSIONES
Subirán las mínimas, gane quien gane
Ganen los socialistas o los populares, los tres millones de españoles que cobran pensiones mínimas verán aumentada su paga. Un máximo de 150 euros si vence el PP, y hasta 200 euros si el PSOE sigue en el Gobierno. La diferencia entre ambos, además del monto, es que los populares aplicarían toda la subida de golpe en un solo año, el 2009, mientras los socialistas distribuirían el incremento a lo largo del mandato.
En realidad, las mínimas ya han subido en esta legislatura entre 115 y 175 euros, pero los partidos han convertido la cuestión en promesa estrella al acercarse el 9-M. Rajoy ha confesado que le impresionó que una señora le dijese en televisión que ella vivía con 350 euros.
También prometen cientos de miles de nuevos puestos de trabajo: dos millones el PSOE, 2,2 millones el PP. En realidad, el Gobierno no crea esos puestos de trabajo: lo que quieren decir es que pondrán las condiciones para que la economía vaya bien y los empresarios creen empleo.
El PSOE aumentará el salario mínimo de los 600 euros actuales a 800, y quiere reducir la temporalidad al 25% (ahora roza el 32%). El PP dará ayudas a quien retrase el momento de la jubilación.
JUSTICIA
Un Poder Judicial independiente
El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (el gobierno de los jueces) y del Tribunal Constitucional por la lucha partidista ha sido uno de los motivos de conflicto entre PSOE y PP; pero, además, tiene consecuencias concretas sobre el funcionamiento de la justicia que afectan a los ciudadanos. Ambos partidos anuncian reformas legales para dotar de más "independencia" frente a la política a estos órganos constitucionales. Pero las fórmulas son distintas.
El PSOE quiere imponer un "plazo prudencial" a la renovación del Consejo, para evitar que, como ha hecho el PP en esta legislatura, un partido pueda bloquearlo al negarse a pactar la renovación. Los populares proponen que sean sólo las asociaciones de jueces (hoy, mayoritariamente conservadoras), sin participación de los partidos, las que elijan a los miembros del Consejo.
EDUCACIÓN
Ciudadanía o clases en castellano
Si gana el PP, desaparecerá del currículo escolar una asignatura recién implantada y que la Iglesia rechaza de plano: Educación para la Ciudadanía, que pretende inculcar a los escolares valores constitucionales. Por otro lado, habrá una ley nueva para garantizar que cualquier niño pueda estudiar en castellano, si sus padres así lo quieren, "en toda España y en todas las etapas educativas".
La medida va dirigida principalmente a Cataluña, donde las lenguas oficiales son dos pero sólo una, el catalán, tiene carácter de "lengua vehicular" en la enseñanza.
Entre las promesas del PSOE, la más llamativa es la creación de las "becas-salario": 600 euros mensuales que el Gobierno pagaría a adolescentes de entre 16 y 18 años para que siguieran estudiando (la educación a esa edad no es obligatoria). El PSOE no lo ha concretado pero es de suponer que ese salario no lo cobrarían todos los jóvenes sino sólo los de rentas bajas y notas altas, como prometió Manuel Chaves para Andalucía.
Los dos partidos ampliarán las becas de estudio; el PP dará 40.000 becas a "estancias en países de habla inglesa" para alumnos y profesores.
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Ambos se han lanzado a una carrera de rebaja de impuestos con la que esperan seducir al electorado, y a otra de control de la inmigración que tiene similitudes -su promesa de
agilizar las expulsiones y de castigar con especial dureza a los delincuentes extranjeros- y diferencias: el PP quiere obligar a los inmigrantes a firmar un "contrato de integración", el PSOE dice que la integración consiste sencillamente en cumplir las leyes.Muchas competencias -en materia educativa, sanitaria, de vivienda- están transferidas a las comunidades autónomas, así que los partidos pueden proponer pero no siempre disponer desde el Gobierno central si no pactan con las autonomías. Aun así, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el popular Mariano Rajoy se comprometen a plantar millones de árboles, mejorar la calidad de la enseñanza y atender a las necesidades de las familias. Éste es su compromiso, negro sobre blanco.
IMPUESTOS
La carrera de las rebajas fiscales atrapa a los dos partidos
Hay algo en lo que la tradiciona
l división entre izquierda y derecha se difuminó hace tiempo: la política fiscal. PSOE y PP prometen a los ciudadanos básicamente lo mismo: bajarles los impuestos (eso fue durante décadas una oferta propia de la derecha). Y ambos argumentan que, cuanto más baja sea la presión fiscal, más se recauda al final porque los empresarios se animan a crear empleo y los consumidores a comprar, y así la economía crece.Los dos partidos que optan a gobernar prometen bajar el principal impuesto, el que grava los ingresos por trabajo (IRPF). El PSOE lo hará devolviendo a todos los asalariados y pensionistas 400 euros cada año desde este mismo ejercicio, reduciendo las retenciones por IRPF mes a mes. De esto se beneficiarían 13 millones de personas; no los 3,3 millones de trabajadores autónomos, que en principio quedan fuera de la medida aunque el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que recibirán un "trato equitativo", aún no concretado.
El PP también retocará a la baja el IRPF, por tres vías: primero, reducirá los tipos (bajará el que pagan los más ricos y el que pagan los más pobres, y juntará en uno los tipos intermedios); segundo, eximirá de pagar a todos los ciudadanos que declaren ingresos inferiores a 16.000 euros anuales (siete de cada diez trabajadores); y tercero, devolverá 1.000 euros anuales a todas las mujeres que paguen IRPF, cobren mucho o poco -esto a pesar de que el PP ha criticado, por un parte, la medida socialista de los 400 euros y, por otra, las medidas de discriminación positiva de las mujeres incluidas en la Ley de Igualdad-.
La rebaja planteada por ambos partidos supondrá una merma considerable de ingresos en las arcas públicas, aunque la del PP costaría casi el triple (unos 15.000 millones de euros) que la del PSOE (5.000 milones).
Los dos prometen también bajar el impuesto de sociedades (que pagan las empresas) y eliminar el de patrimonio (que grava la posesión de bienes).
INMIGRACIÓN
Mayor dureza con los extranjeros que cometan delitos
A pesar de los discursos de estos días, PSOE y PP coinciden en dos cosas fundamentales: la primera, que no habrá más regularizaciones masivas; la segunda, que hay que agilizar las expulsiones de los inmigrantes que delincan.
Los dos partidos han hecho regularizaciones extraordinarias cuando han estado en el Gobierno: el PP dio papeles a 480.000 personas en tres procesos; el PSOE hizo una sola regularización en 2005 -vinculada por primera vez a la posesión de un contrato de trabajo- a la que se acogieron casi 600.000 inmigrantes.
El PSOE justificó ese proceso en la necesidad de sacar a la luz a cientos de miles de ilegales "heredados" del PP, pero ahora asegura que no volverá a hacerlo (aunque la bolsa de sin papeles vuelva a llenarse) porque "existen vías para la regularización individual". El PP va más allá: prohibirá por ley las regularizaciones masivas.
En cuanto a las expulsiones, serán polémicas. Los socialistas proponen que los inmigrantes condenados por maltrato cumplan su pena y después sean, además, expulsados durante 10 años; no sólo los irregulares, también los que tuvieran residencia legal e incluso permanente (ahora la ley prevé expulsión salvo para quienes tienen residencia permanente). Es decir, serían castigados con más dureza que los maltratadores españoles.
El PP promete expulsión inmediata para el inmigrante que cometa un delito castigado con menos de seis años (que se ahorraría así la cárcel). Si el delito es más grave, cumpliría su pena y después sería también expulsado. Eso es algo que el PP ya introdujo en el Código Penal en 2003 y que está vigente (contra la opinión del Supremo) porque el PSOE dijo que iba a eliminarlo pero no lo hizo. Con una diferencia: ahora se aplicaría también a extranjeros legales.
El PP plantea, además, algo que el PSOE y las ONG tachan de xenófobo: un "contrato" que obligaría a los extranjeros a aprender castellano y adoptar "costumbres españolas". Y un "visado por puntos" que primará a los inmigrantes "más integrables".
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Lo que va del "diálogo" a la "negociación"
El candidato del PP, Mariano Rajoy, lleva meses asegurando con solemnidad que, si llega a ser presidente del Gobierno, jamás negociará con ETA. El verbo elegido es importante, porque no implica necesariamente que jamás se sentará a hablar con ETA sino que nunca "negociará". Su tesis es que Rodríguez Zapatero no sólo dialogó sino que negoció, que se mostró dispuesto a intercambiar cromos con la banda, aunque finalmente esa negociación resultase fallida.
El programa de los populares recoge ese compromiso, y en esos términos: "Propondremos que el Parlamento apruebe una declaración institucional manifestando el compromiso de que no existirá ninguna negociación con ETA". Además, dice que restablecerá el Pacto Antiterrorista entre PSOE y PP. Y propone una reforma del Código Penal para que los delitos de terrorismo no prescriban.
El PSOE también promete hacer todo lo posible para recuperar la unidad de los demócratas en la lucha contra ETA, además de anunciar una Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que unifique la legislación actual y dé más derechos a los damnificados.
En cuanto a la posibilidad de volver a abrir un proceso de diálogo con la banda en el futuro, el programa se limita a afirmar: "Sabiendo que tras la ruptura del alto el fuego no hay ninguna expectativa de diálogo, desde el Gobierno de la nación, el PSOE se compromete a poner todos los instrumentos a su alcance para conseguir acabar con ETA buscando para ello la máxima coordinación con el primer partido de la oposición y el resto de las fuerzas políticas democráticas".
FAMILIA
El 'voto' de los párvulos
En España hay casi un millón y medio de niños de entre cero y tres años, tramo en el que el Estado no está obligado a garantizar la escolarización gratuita. De ese millón y medio, apenas 240.000 (el 17%) tiene plaza en una guardería pública. PSOE y PP han reparado ahora en la desesperación de los padres del resto, y se han lanzado a prometer cientos de miles de plazas de guardería para la próxima legislatura: 300.000 los socialistas, 400.000 los populares. Si ganan tendrán que concretar cómo lo harán, teniendo en cuenta que la competencia es autonómica.
Habrá más "política de familia": el PSOE, que ya amplió el permiso de paternidad a 15 días en este mandato, lo extenderá a un mes en el próximo; además, propone abrir los colegios por la tarde -también tendrá que negociarlo con las autonomías- y que los padres puedan optar a la reducción de jornada laboral hasta que sus hijos cumplan 12 años (ahora el límite es ocho años).
El PP también ampliará los permisos de maternidad y paternidad, aunque aún no ha concretado a cuántos días. Y Rajoy ha prometido que no quitará "ningún derecho" a los matrimonios homosexuales, aunque, si el Tribunal Constitucional se lo permite, les pondrá otro nombre.
MEDIO AMBIENTE
Más árboles y quizás un trasvase
El cambio climático está aquí. En eso están de acuerdo PSOE y PP, a pesar de los chistes sobre el tema que hizo al principio Mariano Rajoy. Y coinciden en una de las medidas a tomar: plantar árboles. El PSOE prometió 45 millones -además de los que ya se plantan cada año-, y el candidato del PP sorprendió esta semana elevando la cifra a nada menos que 500 millones.
En cuanto a la política del agua, el PSOE mantiene su apuesta por las desaladoras y el PP no acaba de definirse. En su programa defiende "una distribución basada en criterios de eficiencia y solidaridad incluyendo, entre otros mecanismos, las transferencias de recursos sobrantes disponibles de las cuencas excedentarias a las deficitarias". Es decir, que podría haber trasvase del Ebro desde Aragón a Valencia y Murcia si a los aragoneses les sobra agua.
ESTADO
De acuerdo en reformar la Constitución
La reforma constitucional que planteó el PSOE en las elecciones de 2004 quedó pendiente, y los dos partidos están de acuerdo en retomarla, sobre todo para establecer la igualdad entre hombre y mujer en el acceso a la Corona. No es el único retoque que podría sufrir la norma fundamental. El PP quiere delimitar el núcleo básico de competencias "intransferibles e indelegables" del Estado, para frenar lo que consideran una "fiebre descohesionadora" a favor de los nacionalismos. Además, si gana impondrá que los estatutos sólo puedan modificarse con una mayoría de tres quintos del Congreso.
Los socialistas ponen el énfasis en un nuevo sistema de financiación autonómica de régimen común, "continuando el proceso de profundización en la corresponsabilidad fiscal, la autonomía financiera y la solidaridad" territorial.
PENSIONES
Subirán las mínimas, gane quien gane
Ganen los socialistas o los populares, los tres millones de españoles que cobran pensiones mínimas verán aumentada su paga. Un máximo de 150 euros si vence el PP, y hasta 200 euros si el PSOE sigue en el Gobierno. La diferencia entre ambos, además del monto, es que los populares aplicarían toda la subida de golpe en un solo año, el 2009, mientras los socialistas distribuirían el incremento a lo largo del mandato.
En realidad, las mínimas ya han subido en esta legislatura entre 115 y 175 euros, pero los partidos han convertido la cuestión en promesa estrella al acercarse el 9-M. Rajoy ha confesado que le impresionó que una señora le dijese en televisión que ella vivía con 350 euros.
También prometen cientos de miles de nuevos puestos de trabajo: dos millones el PSOE, 2,2 millones el PP. En realidad, el Gobierno no crea esos puestos de trabajo: lo que quieren decir es que pondrán las condiciones para que la economía vaya bien y los empresarios creen empleo.
El PSOE aumentará el salario mínimo de los 600 euros actuales a 800, y quiere reducir la temporalidad al 25% (ahora roza el 32%). El PP dará ayudas a quien retrase el momento de la jubilación.
JUSTICIA
Un Poder Judicial independiente
El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (el gobierno de los jueces) y del Tribunal Constitucional por la lucha partidista ha sido uno de los motivos de conflicto entre PSOE y PP; pero, además, tiene consecuencias concretas sobre el funcionamiento de la justicia que afectan a los ciudadanos. Ambos partidos anuncian reformas legales para dotar de más "independencia" frente a la política a estos órganos constitucionales. Pero las fórmulas son distintas.
El PSOE quiere imponer un "plazo prudencial" a la renovación del Consejo, para evitar que, como ha hecho el PP en esta legislatura, un partido pueda bloquearlo al negarse a pactar la renovación. Los populares proponen que sean sólo las asociaciones de jueces (hoy, mayoritariamente conservadoras), sin participación de los partidos, las que elijan a los miembros del Consejo.
EDUCACIÓN
Ciudadanía o clases en castellano
Si gana el PP, desaparecerá del currículo escolar una asignatura recién implantada y que la Iglesia rechaza de plano: Educación para la Ciudadanía, que pretende inculcar a los escolares valores constitucionales. Por otro lado, habrá una ley nueva para garantizar que cualquier niño pueda estudiar en castellano, si sus padres así lo quieren, "en toda España y en todas las etapas educativas".
La medida va dirigida principalmente a Cataluña, donde las lenguas oficiales son dos pero sólo una, el catalán, tiene carácter de "lengua vehicular" en la enseñanza.
Entre las promesas del PSOE, la más llamativa es la creación de las "becas-salario": 600 euros mensuales que el Gobierno pagaría a adolescentes de entre 16 y 18 años para que siguieran estudiando (la educación a esa edad no es obligatoria). El PSOE no lo ha concretado pero es de suponer que ese salario no lo cobrarían todos los jóvenes sino sólo los de rentas bajas y notas altas, como prometió Manuel Chaves para Andalucía.
Los dos partidos ampliarán las becas de estudio; el PP dará 40.000 becas a "estancias en países de habla inglesa" para alumnos y profesores.
