martes, 31 de mayo de 2011

Yulia Timoshenko es interrogada sobre la corrupción en Ucrania

La ex primera ministra ayer en el juzgado. -

La ex primera ministra ayer en el juzgado. -REUTERS

Yulia Timoshenko, la ex primera ministra de Ucrania y la cara más conocida de la Revolución Naranja de 2004, ha evitado ser arrestada por la Policía al comparecer ayer ante un tribunal de Kiev que formuló acusaciones de abuso de poder y malversación de fondos públicos contra ella. Ante la negativa de la líder de la oposición de negarse a declarar, el juez que investiga las acusaciones le había amenazado con el arresto si mantenía su actitud en la causa que se sigue contra ella.

Timoshenko, de 50 años, finalmente optó por acudir al juzgado, arropada por un grupo de seguidores de Bátkiv-shina, el principal partido de la oposición, que protestaban fuera del edificio contra lo que consideran una maniobra política. La dirigente con las emblemáticas trenzas rubias rechaza las acusaciones alegando que responden a motivos políticos para desacreditarla.

Los dedos apuntan al presidente ucraniano, Víctor Yanukóvich, su antiguo rival, a quien la Revolución Naranja desbancó del poder hace siete años. El año pasado, Yanukóvich, considerado un político más pro-Rusia que sus rivales, celebró un retorno triunfal al derrotar a Timoshenko en las elecciones presidenciales.

"La Fiscalía podría haberla detenido hoy pero dado que apareció como debía junto con su abogado para prestar declaración el fiscal prosiguió la causa sin efectuar el arresto", dijo un portavoz de la Fiscalía en Kiev, citado por Reuters. Después de escuchar las acusaciones contra ella, Timoshenko pudo abandonar el juzgado, aunque la amenaza de arresto sigue vigente en caso de que vuelva a negarse a colaborar con la investigación.

La Fiscalía acusa a la dirigente opositor de haber desviado unos 200 millones de euros de la venta de cuotas de emisiones de gas en 2009, cuando era jefa de Gobierno. También se investiga otra transacción de compra de gas ruso a precios demasiado elevados y sin contar con la autorización necesaria del Gabinete. Asimismo, es acusada de haber usado fondos públicos para financiar su campaña presidencial el año pasado. En caso de ser condenada le podrían caer hasta diez años de cárcel.