Moscú, 1º de febrero. La reciente guerra del gas entre Rusia y Ucrania –que convirtió en rehenes de este enésimo desencuentro postsoviético a 12 países de Europa central y los Balcanes, cuya población dejó de recibir el energético ruso en medio de un inclemente invierno–, puso de relieve que, con la controversia de orden comercial como pretexto, la crisis tuvo un triple detonante: la geopolítica, la animadversión entre gobernantes y los intereses encontrados por esquemas de intermediación poco transparentes.
En este sentido, más que un enfrentamiento entre dos países eslavos vecinos, durante las tres primeras semanas del presente año se produjo un nuevo capítulo del choque abierto entre el Kremlin –entendido como ejecutivo bicéfalo en el que el primer ministro, Vladimir Putin, tiene más influencia en la toma de decisiones que el presidente nominal, Dimitri Medvediev– y el presidente de Ucrania, Viktor Yushenko, debilitado éste por la disputa por el poder que mantiene con la premier Yulia Timoshenko.
Desde que Yushenko proclamó su intención de lograr el ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y sobre todo desde que el presidente ucraniano, conforme acusa Rusia, suministró armamento y prestó ayuda militar a su colega georgiano, Mijail Saakashvili, durante la fallida incursión de Georgia contra Osetia del Sur en agosto pasado, el Kremlin no desaprovecha ocasión para desprestigiarlo ante su principal valedor regional, la Unión Europea, al tiempo que busca establecer puentes con los rivales políticos de Yushenko que tienen aspiraciones presidenciales.
La apuesta de Moscú es que, si no se da pronto el triunfo del candidato ideal, el pro-ruso Viktor Yanukovich, de cualquier modo abandone la presidencia Yushenko y tome las riendas en Kiev un gobernante menos hostil a Rusia a cambio de resolver el espinoso asunto de establecer un precio razonable para el energético ruso que consume Ucrania y de compartir, mientras no haya otra vía de tránsito, ciertos beneficios en el negocio de suministrar el gas a Europa.
Hace tres años, cuando Rusia y Ucrania no pudieron ponerse de acuerdo sobre el precio del gas, Moscú cerró la llave de los envíos al vecino país, pero siguió cumpliendo sus compromisos ante los clientes europeos, para lo cual tuvo que aumentar el volumen y, de ese modo, compensar la cantidad que –según denunció– sustraían ilegalmente los ucranianos.
Ahora, bajo los argumentos de que Ucrania le debe 614 millones de dólares, que no fue posible fijar el precio para este año y que seguían robando el gas ruso, el Kremlin ordenó cortar los suministros a Ucrania a partir del primero de enero anterior.
Y en una decisión de política exterior que no parece muy afortunada, al basarse en la premisa dudosa de que Europa no puede prescindir del gas ruso –tan cierto es que los europeos no podrían sustituir en el corto plazo el combustible ruso, que representa 25 por ciento de su consumo, como lo es que los rusos sólo podrían vender ese volumen a Europa–, una semana después Rusia cerró la llave y dejó sin gas a Bosnia, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Macedonia, República Checa y Turquía. Al día siguiente, Austria, Eslovaquia, Rumania y Polonia corrieron la misma suerte.
Con ello, Rusia provocó una crisis en media Europa y endosó toda la responsabilidad a Ucrania, al afirmar que ésta bloqueó tres de los cuatro gasoductos de tránsito en su territorio. La diplomacia rusa realizó una intensa labor para inculcar en las capitales europeas el mensaje del Kremlin en el sentido de que Yushenko era un socio problemático y, tras sugerir que tampoco era capaz de negociar un arreglo, consiguió involucrar a la Unión Europea en la búsqueda de una solución al contencioso, que seguía afectando severamente a la población de tantos países miembros.
Se buscó también reanimar la idea de que Europa necesita un sistema de ductos alternativo, como se plantea el proyecto Nord Stream que se tendería en el fondo del mar Báltico para eludir a Ucrania y que, debido a la crisis financiera en el mundo, quedó en entredicho a menos que se encuentre pronto nuevos socios dispuestos a realizar cuantiosas inversiones.
En este año pre-electoral en Ucrania (en 2010 concluye el mandato de Yushenko), el Kremlin dio todo el protagonismo como interlocutor válido a la premier Yulia Timoshenko, distanciada ya de su antiguo aliado en la llamada coalición naranja. Putin, y no un Medvediev relegado a segundo plano, negoció con ella un contrato para los próximos diez años, con un mecanismo flexible de fijación de precios, que hizo posible que el gas ruso vuelva a fluir hacia Europa.
Pero al cerrar la llave como factor de presión –o como forma de chantaje, según lo interpretan los europeos–, Rusia no sólo dejó de ingresar unos dos mil millones de dólares, sino que causó un daño irreparable a su reputación como suministrador fiable y dio argumentos adicionales a los países de la Unión Europea que abogan por disminuir su dependencia respecto de los energéticos rusos.
Además, el acuerdo firmado por Putin y Timoshenko no precisa un aspecto muy importante que, dentro de un año, puede volver a generar una espiral de confrontación: recoge el compromiso de Rusia de que, a partir del primero de enero de 2010, la tarifa de tránsito en Ucrania será “equiparable al nivel europeo”. Sin embargo, no existe una sola tarifa en Europa y, a la fecha y dependiendo del país de que se trate, varía de 1.5 a 8 dólares por el traslado de mil metros cúbicos de gas cada 100 kilómetros.
Falta aclarar qué papel desempeñó en el origen del actual conflicto la intención de la primer ministra de Ucrania, anunciada a finales de octubre pasado, de suprimir la intermediación de RosUcrEnergo, la extraña empresa que se creó en Suiza hace tres años supuestamente para abaratar el costo del energético suministrado a Ucrania mediante la mezcla de gas de Rusia y de Turkmenistán.
De este poco transparente intermediario y sus extraños esquemas de operación, sólo se sabe que la mitad de sus acciones pertenecen a Gazprom, el monopolio ruso del gas, y la otra, a dos empresarios ucranianos que la FBI estadunidense considera prestanombres de connotados capos de la mafia de ambos países.
En cualquier caso, RosUcrEnergo no podría existir sin la connivencia de las autoridades ucranianas –se habla de gente cercana al presidente Yushenko–, pues llegó a almacenar en depósitos de ese país hasta 12 mil millones de metros cúbicos de gas sin pagar prácticamente nada: 5 dólares por mil metros cúbicos, cuando el mínimo en otros países de Europa es de 120 dólares.
Aparte, Gazprom determina el monto de las ganancias de sus socios ucranianos al otorgarles cuotas para reexportar el gas a Europa. Por ello, RosUcrEnergo vende a Europa la cantidad de gas necesaria para que cada uno de sus accionistas ucranianos obtenga un millón de dólares diarios de beneficios, sostiene Mijail Korchemkin, director de la consultoría East European Gas Analysis.
Por lo pronto, Timoshenko logró que Putin aceptara que no haya más intermediarios suizos entre Gazprom y Naftogaz, su contraparte ucraniana. Queda por ver cuál será la reacción de Yushenko, que criticó duramente el contrato firmado por Timoshenko y se dispone a convocar el consejo de seguridad nacional para estudiar la situación.
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