El exmandatario, de 72 años, se encuentra imputado por su presunta implicación en el asesinato en 2000 del periodista Gueorgui Gongadze y necesita autorización para abandonar el país.
El fiscal general adjunto de Ucrania, Renat Kuzmín, anunció en una comparecencia ante la prensa que Kuchma tiene permiso para viajar a la capital rusa.
Poco antes, el expresidente (1994-2005) se había quejado de que los fiscales lo habían citado a declarar mañana.
"Esto quiere decir que no podré viajar a Moscú", dijo a un grupo de periodistas.
Antes de ser elegido presidente de Ucrania, Kuchma, ingeniero de profesión, trabajó en la industria de construcción de cohetes y dirigió incluso la planta Yuzhmash, una de las mayores del sector.
Con 28 años, el que sería presidente ucraniano fue director técnico de pruebas en el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) donde comenzó el histórico vuelo de Gagarin.
"Lo que buscan es sacarme de quicio o algo más. De momento no puedo entender qué quiere la Fiscalía General", declaró Kuchma antes del anuncio de Kuzmín.
El expresidente afronta acusaciones por abuso de poder e impartir órdenes ilegales a funcionarios del Ministerio del Interior que condujeron al asesinato de Gongadze, cargos de los que se declara inocente.
Gongadze, de 35 años y redactor jefe del periódico electrónico "Ukraínskaya Pravda", desapareció el 16 de septiembre de 2000 y casi dos meses después su cadáver decapitado fue hallado en un bosque en las afueras de Kiev.
Tras el hallazgo del cadáver, uno de los guardaespaldas de Kuchma, Mikola Melnichenko, difundió unas grabaciones hechas en el despacho del entonces jefe del Estado en las que una voz parecida a la de Kuchma pedía al ministro del Interior, Yuri Krávchenko, tomar medidas contra el periodista opositor.
Krávchenko, destituido en 2001, se suicidó en marzo de 2005, poco después de ser llamado a declarar a la Fiscalía, en unas circunstancias extrañas que hicieron sospechar de que fue un asesinato.
El autor material del asesinato de Gongadze, el confeso Alexéi Pukach, un general retirado de la Policía, se encuentra en prisión preventiva en espera del juicio.
En marzo de 2007, otros tres policías fueron condenados a penas de entre 12 y 13 años por la detención ilegal y el asesinato premeditado del periodista.
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