El nuevo presidente de la Unión Europea tiene desafíos importantes en el espacio postsoviético, entre ellos las consecuencias de una eventual nueva guerra del gas entre Ucrania y Rusia. En Kiev nadie se atreve a pronosticar hoy si los europeos podrán dormir tranquilos en enero de 2010, sin temor a que Gazprom, el monopolio de la exportación de gas de Rusia, cierre la espita y los deje sin gas durante dos semanas, como el pasado enero.
La gran incógnita es si Gazprom presentará a Ucrania la factura de las penalizaciones por el gas contratado y no consumido en 2009, y, si lo hace, qué momento elegirá para ello. La opinión generalizada es que ésa es una cuestión política y no económica, y que Moscú utilizará la deuda de Ucrania como baza para influir en los comicios presidenciales que se celebran el 17 de enero (con segunda ronda a principios de febrero), o, sobre todo, en la política del futuro presidente.
En enero, Naftogaz, la compañía de gas de Ucrania, firmó con Gazprom contratos de suministro que preveían la fórmula take or pay (toma o paga). A tenor de estos documentos, auspiciados por la primera ministra, Yulia Timoshenko, Ucrania contrató 42.000 millones de metros cúbicos de gas para 2009, pero, al reducirse la demanda, ha consumido sólo 28.000 millones de metros cúbicos, y la deuda acumulada puede llegar a 8.500 millones de dólares (unos 5.700 millones de euros), según dijo en Kiev el presidente, Víctor Yúshenko. Dispuesto a poner en aprietos a Timoshenko, Yúshenko ha dirigido una carta a su colega ruso, Dmitri Medvédev, pidiendo una revisión inmediata de los contratos de gas, que ha calificado de “irreflexivos y preñados de riesgos”. La carta, publicada el jueves por la noche, es un ataque claro a Timoshenko, que debía reunirse en Yalta con el jefe del Gobierno ruso, Vladímir Putin, durante una sesión de la comisión intergubernamental prevista para ayer y hoy.
Timoshenko ha tratado de ganarse el apoyo tácito -y sutil- de Putin, lo que en enero quería decir un rápido acuerdo que permitiera el flujo del gas a Europa, y ahora significa que Gazprom renuncie a las penalizaciones y acceda a subir la tarifa de tránsito del gas, que los ucranios consideran ruinosa, pese a haberla negociado ellos mismos.
Ucrania está en una apurada situación financiera. El FMI y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo han congelado un tramo de 4.000 millones de dólares y un crédito de 750 millones de dólares, respectivamente. El motivo de fondo en ambos casos es que los dirigentes ucranios no cumplen sus promesas de reforma ni dan garantías de acometerlas. La UE, por su parte, se ha hecho la remolona ante las exhortaciones de Putin para que se rasque el bolsillo y ayude a Ucrania a pagar su factura de gas.
Mientras Timoshenko se disponía a reunirse con Putin en Yalta, Yúshenko se reunía con el georgiano Mijaíl Saakashvili en Kiev. La UE está cada vez más implicada en los conflictos en el espacio postsoviético. La misión de vigilancia fronteriza entre Ucrania y Moldavia, en el tramo de la región separatista del Transdniéster, ha sido un éxito bien acogido incluso por los secesionistas. La UE también está presente en Georgia mediante la misión de vigilancia en las lindes de Osetia del Sur y Abjazia (EUMM), desplegada en septiembre de 2008 tras los acuerdos arbitrados por el presidente francés, Nicolas Sarkozy. La EUMM no ha resuelto el conflicto de Georgia y sus separatistas, pero ha contribuido a enfriar los ánimos y a evitar incidentes armados.
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