jueves, 13 de octubre de 2011

Siete años de cárcel para la ex primera ministra de Ucrania

La ex primera ministra ucraniana y líder de la Revolución Naranja de 2004, Julia Timoshenko, fue ayer condenada a siete años de prisión por «abuso de poder» por firmar con Rusia en 2009 un acuerdo para la adquisición de gas considerado lesivo para los intereses de Ucrania. Según el juez, el acuerdo ocasionó pérdidas por valor de 1.500 millones de grivnas (unos 135 millones de euros) a la compañía nacional Naftogaz. El Gobierno ucraniano, por su parte, eleva esas pérdidas a unos 57.000 millones de euros. La sentencia establece que Timoshenko deberá compensar a Naftogaz por las pérdidas, al tiempo que la inhabilita por tres años para ocupar cualquier cargo político.

La ex primera ministro afirmó que su condena «no cambiará nada en mi vida ni en mi lucha». Según sus palabras, «quien realmente ha escrito la sentencia ha sido Víctor Yanukóvich», actual presidente de Ucrania. Anunció además su intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Miles de seguidores de la «dama naranja» se congregaron frente al edificio del tribunal para protestar por su condena. Llegaron incluso a cortar el tráfico en la céntrica avenida Kreschátik, pero fueron pronto disueltos por unidades especiales de la Policía.

Timoshenko llevaba en prisión preventiva desde el pasado 5 de agosto, acusada de desacato al juez. Se negó a ponerse de pie y tildó a este de «marioneta». Asegura que todo se trata de un montaje de Yanukóvich para acabar con cualquier atisbo de oposición y neutralizar su partido Batkívshina (Patria) de cara a las legislativas del año próximo. Yanukóvich ganó a Timoshenko por muy escaso margen (3,5 puntos) en las elecciones presidenciales del año pasado.

El actual proceso contra Timoshenko ha causado preocupación en la Unión Europea y, aunque por causas diferentes, también en Rusia. En Moscú provoca indignación que se ponga en cuestión un contrato para el suministro de gas que Timoshenko firmó con el jefe del Gobierno ruso, Vladímir Putin, en enero de 2009, después de otra crisis que dejó sin suministro a muchos hogares europeos.

Ucrania paga actualmente a Rusia en torno a 450 dólares por cada mil metros cúbicos de gas. En Moscú hay disposición a revisar las tarifas a la baja, pero a cambio de toda una serie de concesiones por parte de Kíev: fusionar la compañía de gas ucraniana Naftogaz con la rusa Gazprom, poner los gaseoductos ucranianos bajo control de Rusia, permitir al capital ruso adquirir empresas estatales en territorio ucraniano y la incorporación de Ucrania a la Unión Aduanera de la que forman parte Rusia, Bielorrusia y Kazajstán.

Negociación del gas

El actual jefe del Gobierno ucraniano, Nikolái Azárov, aseguró ayer que su país alcanzará un acuerdo con Rusia sobre la cuestión del gas «dentro de 10 o 15 días». Pero este proceso tan politizado es una muy mala señal, que podría anunciar nuevas guerras del gas en el futuro. «Con esa condena es como si se nos quisiera emplazar a la revisión del acuerdo», declaró Valeri Yázev, vice presidente de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso). Pero, subrayó, «el contrato que firmó Timoshenko está en vigor, es legítimo y ella contaba con suficientes prerrogativas para concluirlo». «Los acuerdos de gas entre Rusia y Ucrania fueron concebidos dentro del estricto cumplimiento de las leyes de ambos países y las normas aplicables del Derecho Internacional», subraya una nota del Ministerio de Exteriores.Por su parte, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, señaló que se trata de una decisión «peligrosa», que podría hipotecar las relaciones futuras entre Rusia y Ucrania. Al tiempo que insistió en que le parece una decisión «incomprensible».

La Unión Europea, por su parte, se mostró «preocupada» por la condena. Pero dio a entender que espera que Timoshenko sea finalmente puesta en libertad tras el proceso de apelaciones que se abre a continuación. En caso contrario, «peligraría el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión» que se está negociando en la actualidad, advirtió la Alta Representante, Catherine Ashton.