El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha finalizado su investigación sobre la presunta trama de visados irregulares en la Embajada de España en Kiev (Ucrania) y ha dado diez días de plazo a Fiscalía y Abogacía del Estado para que decidan si llevan a juicio a la funcionaria española Emilia Martín, imputada por un delito de prevaricación.
La causa judicial se abrió después de que los servicios de seguridad de la Embajada de España en Kiev detectaran en el año 2009 que se estaban produciendo determinadas irregularidades en la gestión de los expedientes de visados.
El cónsul español en Kiev, Antonio Ramos Membrive, ordenó una investigación sobre las presuntas irregularidades. Esta investigación, realizada por el mando de la Policía Nacional encargado de la seguridad de la embajada, reveló tras examinar 75 expedientes que, a pesar de la normas de reparto, el personal local derivaba la tramitación de ciertos visados a Emilia Martín, que era una de las jefas de visados.
Esta funcionaria, a pesar de “conocer perfectamente el rígido reparto de trabajo, se encargó de la autorización de visados cuya competencia no le correspondía”, señala el auto dictado hoy por el magistrado.
Velasco destaca en la resolución “lo extraño de este comportamiento” y acusa a Martín de “ocultar intencionadamente su participación en la autorización de estos expedientes de visados”.
Martín se hizo cargo de la tramitación de los visados de ucranianos propietarios de viviendas en España y de aquellos por turismo individual o invitación policial, apartados todos ellos que correspondían en realidad a otro de los jefes del departamento.
La funcionaria “carecía de competencia para la tramitación de estos visados”, a pesar de lo cual autorizó 75 de ellos entre noviembre de 2008 y febrero de 2009.
En la causa están imputados además cinco ciudadanos ucranianos que trabajaban como personal local en la embajada y a los que el magistrado les tomó declaración por comisión rogatoria. Velasco ordena en su auto dar traslado de las actuaciones a las autoridades judiciales ucranianas para que estas cinco personas sean juzgadas en su país.
PAGO DE DINERO
El magistrado admite que “la investigación en España no ha podido recabar indicios racionales de criminalidad en relación a cuáles eran los motivos de la connivencia entre Martín y el personal local”. Aún así, un ciudadano ucraniano reconoció haber pagado ciertas cantidades de dinero para obtener uno de los visados tramitados irregularmente.
La investigación de la Audiencia Nacional ha destapado además otra serie de irregularidades en la tramitación de los visados en la embajada en Kiev. “Expedientes sin tramitar que se encuentran fuera de la custodia de los jefes de visados, subsanaciones documentales fuera de los procedimientos ordinarios o escrituras públicas que se aportan en acreditación de ciertos ciudadanos ucranianos propiedades en España y que posteriormente declaran que no las tienen”, enumera la resolución dictada hoy.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional subraya “la injusticia y arbitrariedad en la actuación de Martín, su absoluta falta de competencia decisoria usurpando la competencia y las funciones de su compañero por razones ilícitas”.
En concreto, el juez da diez días de plazo a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que pidan la apertura de juicio oral contra Martín o para que soliciten el sobreseimiento de las actuaciones. De pedir la celebración de juicio oral, deberán presentar un escrito de acusación contra la imputada.
(SERVIMEDIA)
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