La Unión Europea (UE) ha señalado Valencia-Budapest-Ucrania como una de las siete líneas "prioritarias" en el continente europea para desarrollar el transporte de mercancías, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
El secretario autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea, Rafael Ripoll, ha subrayado "la gran importancia que reviste el Corredor Mediterráneo para la Comunitat" y ha defendido la necesidad de "aunar esfuerzos" para "impulsarlo definitivamente".
En esta línea, ha destacado la "importancia" de esta infraestructura, ya que se trata de "un itinerario ferroviario capaz de impulsar el transporte de mercancías desde Estocolmo hasta Algeciras en una línea de ancho europeo que sitúa a los puertos de Alicante, Valencia y Castellón en una posición estratégica a nivel global".
"La propuesta defendida por la Generalitat está en plena concordancia con el reglamento que ahora está en discusión en la Unión Europea y que señala Valencia-Budapest-Ucrania como una de las siete líneas prioritarias en el continente europeo para desarrollar el transporte de mercancías", ha explicado Ripoll.
Al respecto, el secretario autonómico ha añadido que "esta línea responde al impulso del Corredor Mediterráneo, demostrando que desde Europa también se entiende que dar una adecuada conexión a las regiones mediterráneas y a sus potentes puertos es una prioridad absoluta".
Ripoll se ha pronunciado así durante la sesión de la Comisión de Política de Cohesión Territorial (Coter) del Comité de las Regiones que ha tenido lugar esta semana, donde ha abogado por que se tomen las medidas necesarias para que el Corredor Mediterráneo sea al fin una realidad tangible.
En esta cita, el presidente de la Comisión Coter y ex ministro de Transporte en Francia, Michel Delebarre, ha presentado un proyecto de dictamen sobre el espacio ferroviario único europeo. Este informe apoya la apertura de los mercados ferroviarios, y busca reforzar la interoperatividad y seguridad de los sistemas de transporte para crear "un verdadero espacio europeo más sostenible y con condiciones de competencia equitativas".
El secretario autonómico ha defendido la conveniencia de desarrollar redes europeas especializadas con un doble trazado para pasajeros y mercancías, pues, a su juicio, "suponen una apuesta ambiciosa y comprometida con el desarrollo sostenible, al reducir la contaminación y el tiempo de transporte, e incrementar por tanto la eficiencia energética".
Asimismo, Rafael Ripoll ha señalado que "este último período de 2010 brinda la posibilidad de dar el impulso definitivo a este trazado, durante la revisión de las prioridades de la Red Transeuropea de Transporte" y ha añadido que "no hay duda de que, en el actual proceso de construcción europea, conectar efectivamente Europa debe perfilarse como una prioridad".
Por último, ha explicado que la demanda de impulsar esta infraestructura está "en sintonía" con la estrategia de la Comisión Europea, que ha adoptado una propuesta para la creación de un Espacio Ferroviario Único, con el objeto de ofrecer mejores servicios ferroviarios para mercancías y viajeros y mejorar las inversiones en el transporte ferroviario.
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA RENTABILIDAD
Según Ripoll, la inclusión del Corredor como eje "prioritario" supondría "un incremento de la competitividad de todo el arco mediterráneo aumentando la capacidad de generación económica y reduciendo las emisiones, gracias al impulso del ferrocarril como uso alternativo a la carretera".
El Corredor Mediterráneo superará los 177.000 millones de euros de inversión hasta 2025, incluidos 16.600 millones sólo para construir nuevas líneas en España, 51.700 millones de euros para la mejora de puertos y terminales y 11.000 millones de euros para by-passes por grandes ciudades, según datos del Consell.
La tasa de rentabilidad podría superar el 11 por ciento del capital invertido. De este modo, se ahorraría alrededor de los 284.000 millones por la reducción del tiempo de transporte, de 194.000 millones por ahorro en energía, costes laborales y mantenimiento, y de 15.000 millones por la reducción de la siniestralidad y de emisiones de CO2.
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