MADRID. Los ciudadanos, literalmente, no saben qué hacer ni qué medidas adoptar ante la llamada «crisis» del aceite de girasol ucraniano. La recomendación de la Comisión Europea de retirar el aceite procedente de Ucrania de los establecimientos en los cinco países afectados (España, Italia, Holanda, Francia y Reino Unido) ha llegado dos días después de que el Ministerio de Sanidad español decidiera poner fin a la alerta que activó, en solitario, el viernes pasado.
Pero la CE fue más lejos y pidió que la medida se extendiera, también, a todos los productos alimentarios entre cuyos ingredientes haya, como mínimo, un 10% de aceite de girasol ucraniano. Así las cosas, Sanidad amplió durante la madrugada de ayer sus recomendaciones e instó a las Comunidades Autónomas y a la industria a que inmovilicen o retiren del mercado todos los productos que reúnan las condiciones especificadas por la CE. Lo que incluye, en principio, salsas, mayonesas, margarinas, bollería industrial, galletas, pastelería, conservas de carne y pescado y hasta patatas fritas y otros aperitivos, así como platos precocinados de todo tipo.
La retirada o inmovilización de estos productos se hará en España, sin embargo, «de manera no urgente porque así lo recomienda la Comisión Europea», según confirmó el ministerio ayer a este diario.
Sin embargo, el «gabinete de crisis» organizado por Sanidad, al mismo tiempo que ponía en marcha el protocolo de alertas establecido para estas situaciones, ha insistiendo en que el consumo del aceite adulterado en Ucrania no conlleva riesgos para la salud a corto plazo, y que haría falta consumirlo durante mucho tiempo para sufrir daños hepáticos.
Actitud contradictoria
¿Qué hacer entonces con los productos que los consumidores tienen en casa? ¿Cuál, entre las latas de la despensa, es la que se puede consumir sin riesgo y cuál no? ¿Y los dulces? ¿Y las patatas fritas? ¿Qué productos es seguro comprar a partir de ahora y cuáles no?
Ante esta situación, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) volvió ayer a pedir al Ministerio de Sanidad que haga pública la lista de marcas y lotes contaminados por el aceite de girasol ucraniano. En un comunicado, la organización de consumidores aseguró que espera que el Gobierno no sólo siga la recomendación de Bruselas, sino que en coordinación con las CCAA monitorice las retiradas.
Además, Facua considera contradictorio que Sanidad y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) tomen una medida de este tipo mientras defienden que no existen riesgo para la salud. En este sentido, la asociación recuerda que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha hablado de «nivel de toxicidad bajo», no de ausencia de toxicidad. Por todo ello, Facua exige al Ministerio que aclare cuál es el riesgo para la salud del consumo de los productos contaminados, por muy pequeño y a largo plazo que sea. Por último, demanda también que las empresas que han puesto en el mercado productos contaminados sean expedientadas por el Ministerio y las autoridades de Salud y Consumo de las Comunidades Autónomas.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular defenderá una Proposición No de Ley en el Pleno de la Asamblea de Madrid para pedir al Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, que reclame a José Luis Rodríguez Zapatero para que informe sobre las marcas y lotes de aceite de girasol contaminado importado por la Unión Europea desde Ucrania, «directa o indirectamente», y sobre «qué tipos de hidrocarburos han sido detectados, su grado de toxicidad y qué partidas de aceite de girasol contaminado han sido localizadas».
Los populares de la Asamblea quieren que se informe a la Comunidad de Madrid de «qué controles en frontera, a nivel nacional y de la Unión Europea, se realizaron a dichas mercancías», y reclama «información completa y, sobre todo, clara, para evitar extender la alarma a productos que en su elaboración industrial hayan podido incluir el aceite de girasol».
Paralización del mercado
«La gestión de esta alarma alimentaria contradictoria -dice el PP- ha provocado una paralización del mercado del aceite de girasol, con graves efectos en los sectores agrícola y productor, una alarma generalizada entre los consumidores, que vieron cómo se retiraba un producto básico en la dieta de muchos hogares... y, lo que es más grave es que se ha dado una quiebra de la confianza de los consumidores en los controles oficiales para garantizar la seguridad de los alimentos».
El PP señala que ante la «falta de transparencia» en la gestión de la crisis, «la industria agroalimentaria también puede verse gravemente perjudicada», ya que es consumidora de este tipo de aceite. «Todas estas medidas -añade- han sido realizadas sin consulta previa e información a las administraciones autonómicas y locales, ignorando el papel que la Constitución les confiere y que se encuentra plasmado en los Decretos de Transferencia en materia de salud pública».
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