Alertas sanitarias, crisis de credibilidad

El último episodio de alerta sanitaria ha afectado al aceite de girasol. Una extraña y breve alerta que ha resultado ser la dudosa carta de presentación de Bernat Soria en su cargo de ministro de Sanidad y Consumo y que ha llevado el desconcierto a productores, distribuidores y consumidores. Sin embargo, esta alerta, que ha sido cerrada rápidamente y posiblemente en falso, es la última (por ahora) de una larga serie que han dejado en el consumidor la sensación de inseguridad y han colocado a industriales y productores bajo sospecha hasta el punto de herir de muerte a un producto. Por lo menos, parece que el hecho ha calado, ya que el Gobierno ha anunciado al cierre de esta edición el desarrollo de una Ley de Seguridad Alimentaria para garantizar a los consumidores su protección bajo cualquier circunstancia. Aunque parece un episodio cerrado, la alerta sanitaria sobre el aceite de girasol de finales del mes de abril tiene unas consecuencias que aún están por determinar su alcance. Si algo caracteriza este tipo de situaciones que alarman a los consumidores, es que el producto que se ve afectado muchas veces queda tocado, en ocasiones de muerte, y con él gran parte de los productores e industriales que difícilmente pueden recuperarse en el futuro. Tal vez por eso llama la atención cómo no siempre los responsables políticos y sanitarios están a la altura de las consecuencias, aunque su cometido sin duda es difícil por su obligación de velar por la salud de los consumidores intentando, a la vez, no perjudicar innecesariamente a los sectores económicos implicados. El caso de la importación de aceite de girasol de Ucrania con sospechas de contaminación a través de una manera indiscriminada a la opinión pública (y además ante un fin de semana falto de informaciones para contrastar) es un buen ejemplo de la crisis de credibilidad que provoca en los consumidores estas alertas, sobre todo cuando al final ésta se cierra en falso y sin aclarar hasta el fondo el motivo de la alarma.La retirada de producto tuvo lugar según la recomendación de Bruselas, aunque desde la Comisión se insistía en que el mineral presente en el aceite de girasol es de un tipo “con un bajo nivel de toxicidad”. Curiosamente, la Comisión Europea recalcó que el ajuste no suponía ningún riesgo para la salud, pese a haberse detectado partidas en ocho países, entre ellos España, por lo que la forma de aplicar las recomendaciones, precipitada e inconcreta, resultó finalmente más dañina que el propio motivo de la alerta.De hecho, el proceso de trazabilidad, cuya puesta en marcha fue un éxito comunitario, permite detectar el origen concreto de las partidas previsiblemente contaminadas, pero una decisión demasiado rápida y anterior a estas comprobaciones perjudica indiscriminadamente y pone en cuestión los logros del proceso de trazabilidad y su utilidad en momentos de crisis alimentaria.Caída del consumoLo cierto es que, en la actualidad, el sector del aceite de girasol teme que la caída de ventas tras este episodio se aproxime al 20 por ciento durante, al menos, el segundo trimestre del año. Este descenso se produciría después de una etapa en la que este producto volvía a precios competitivos frente al aceite de oliva pese a haber recortado la cuota de mercado que en su día le ganó cuando éste disparó sus precios hace algunos años por la escasa cosecha a consecuencia de inclemencias meteorológicas. En la mente de extractores y envasadores están los devastadores efectos provocados por la crisis del aceite de orujo en 2001, cuando la entonces ministra de Sanidad del gobierno del PP, Celia Villalobos, dio la orden de retirar del mercado 30.000 toneladas de dicho aceite ante la posibilidad de que contuviera elementos cancerígeno. La crisis del orujo duró ocho meses, en los que se hundieron las ventas, que pasaron de 70.000 a 20.000 toneladas, y cerraron muchas empresas del sector. Muchos atribuyen aquella decisión de Villalobos a un ‘calentón’ de la ministra durante unas difíciles negociaciones con los industriales, pero las consecuencias llegaron mucho más allá de lo previsible. Los efectos de aquella crisis provocaron que hoy día sea prácticamente imposible encontrar botellas de aceite de orujo en los lineales de los supermercados españoles, pese a que las últimas investigaciones lo certifican como alimento cardiosaludable. Tuvieron que pasar seis años para que el Tribunal Supremo declarara injustificada la medida decretada por Villalobos y condenara al Gobierno a indemnizar a los productores, unas compensaciones que llegaban tarde y que aún no han sido satisfechas.Los hechos confirman que los aceites siempre han sido los alimentos más sensibles a las crisis sanitarias en España. Baste recordar el episodio más desgraciado de la reciente historia española con el drama del aceite de colza de comienzos de los años 80 a consecuencia de una adulteración con aceites desnatualizados, una crisis que provocó muchos muertos y enfermos crónicos ante la torpe reacción de gobierno de UCD entonces en el poder. A consecuencia de esto, la colza resulta ser un cultivo ‘maldito’ en España, que sólo se ha producido puntualmente ante alguna situación extrema de falta de alternativas, a pesar de que el problema estaba en los añadidos tóxicos y no en el aceite en sí.Piden responsabilidadesTristemente habituados a las sucesivas crisis, los industriales aceiteros han reaccionado rápidamente ante la alerta del aceite de girasol. Por ejemplo, el grupo Acesur ha pedido al Gobierno y a las asociaciones de consumidores que investiguen “más a fondo” la situación de los lotes de aceite de girasol, ya que, según esta empresa sevillana, quedaban en los lineales botellas procedentes de Ucrania, a la vez que reivindicaban ofrecer unas marcas de procedencia íntegramente española, producidas en la planta de Tarancón (Cuenca) en perfectos niveles de calidad.Acesur aseguraba que una crisis de este tipo a raíz de la alerta alimentaria decretada por la detección de sustancias contaminantes procedentes de una partida de Ucrania acaba afectando a todo el sector. “Han pagado justos por pecadores, no es bueno para nadie”, son las frases más pronunciadas por los industriales.Desde el sector se afirma que ciertos aspectos de la alerta constituyeron “un error”, como el hecho de distribuir un listado con las marcas libres de hidrocarburos ''y no decir en ningún momento cuáles son las marcas y lotes contaminadas'', por lo que demandan para el futuro que se gestionen las crisis con más “coherencia e información a los consumidores”.Pero no sólo los industriales han sido los únnicos perjudicados, ya que la sospecha ha salpicado sobre todos, pese a que sólo unos cuantos compraron las partidas sospechosas. El cultivo de girasol, ya sembrado en Andalucía y Castilla-La Mancha y cuando comenzaba en Castilla y León, también está a la espera de las consecuencias. En total, el año pasado España importó 201.446 toneladas de aceite de girasol crudo.El aceite de girasol significa el 34 por ciento de la cuota de mercado de aceites comestibles en España, con un consumo que se calcula en 310.000 toneladas anuales, según cifras de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac). El resto del consumo de aceites comerciales, según dicha fuente, se reparte entre el aceite de oliva, que con 475.000 toneladas representa el 53 por ciento del consumo total; el de orujo, con el siete por ciento de la cuota de mercado (65.000 toneladas), y los aceites de semillas que representan el seis por ciento del consumo total, con 50.000 toneladas de consumo anual.El consumo medio de aceite de girasol en España es de 3,84 litros por persona y año, lo que lo convierte en el cuarto país del mundo en consumo de aceite de girasol, sólo superado por Rusia, Turquía y la India, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. En hostelería y restauración, los distribuidores acaparan el 72,6 por ciento de las ventas, seguidos de los mayoristas (12,4 por ciento), los supermercados (4,9 por ciento) y los hipermercados, con el 4,2 por ciento, según datos del panel de consumo correspondiente a 2006.Las cifras de negocio de los fabricantes de aceite de girasol, que en España se comercializa bajo 800 marcas, llegaron hasta los 498 millones de euros, con un crecimiento del 2,2 por ciento, en 2006, aunque fuentes del sector destacan la tendencia a la baja en las ventas debido al incremento de los precios registrados dicha campaña (la última con datos oficiales) de hasta el 40 por ciento.La ministra niega la crisisLa ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa explicó, ante el Pleno del Congreso, que la alerta sanitaria de la Unión Europea originada por el hallazgo de partidas de aceite de girasol contaminado procedente de Ucrania no puede ser considerada una crisis, incidiendo en que no se trata de producción agraria de España. En su intervención, la ministra recordó que la contaminación producida por el aceite crudo de girasol ucraniano finalizó sin que afectara al aceite procedente de semilla (pipa) de girasol producido en España. Espinosa subrayaba en su comparecencia que desde el Gobierno se está prestando la máxima atención al comportamiento del mercado del aceite de girasol, así como al del aceite de oliva, por las interrelaciones que puede haber en el consumo tanto de un producto como de otro. Además, puntualizó que las últimas informaciones oficiales de precios indican que, la alerta sanitaria declarada en relación con la importación de girasol adulterado, no ha tenido una repercusión significativa en los precios del productor, aunque el Ministerio se comprometía a seguir de cerca la evolución del mercado. También en este contexto, Espinosa indicó que la evolución de los precios del aceite de girasol en la última campaña ha ido al alza. Además, los precios en origen vienen siendo superiores a los registrados en las mismas fechas de la campaña anterior y lo mismo ocurre cuando se compara los niveles de precios con campañas anteriores. En lo que respecta al origen de la materia prima, Elena Espinosa destacó que la mención del origen en el etiquetado de los productos envasados está regulada por normativa comunitaria, por lo que su modificación debería estudiarse en el ámbito de la Unión Europea. En este sentido, la ministra señaló que en la modificación deberían participar todos los sectores y administraciones implicadas, tanto en su vertiente económica como en su vertiente higiénico-sanitaria. Por último, la ministra insistió en que el sistema de trazabilidad implantado en todo el ámbito de la UE para todos los productos alimentarios, tanto en productos a granel como envasados, se puede conocer el origen y el destino de los productos.Las comunidades autónomas protestanLas administraciones autonómicas siguen sin tener unos criterios de actuación a los que atenerse ante estas alertas y sus técnicos de salud pública no han escondido su malestar tras la crisis alimentaria del girasol. Tras dos reuniones entre los técnicos y el Ministerio, las administraciones seguían descoordinadas y enfadadas. Estos inspectores autonómicos denuncian que si bien Sanidad hizo público un comunicado en el que desaconsejaba el consumo de aceite de girasol, no se activó el protocolo de emergencia. La información dada por el Gobierno durante toda la crisis —que oficialmente duró once días—, según un portavoz de una de las consejerías de Sanidad afectadas, “fue insuficiente porque el protocolo establece que deben hacerse públicas las marcas afectadas y la trazabilidad del producto, para poder buscar el origen de la contaminación”. Según los técnicos, la falta de iniciativa por parte del ministro Bernat Soria y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) obligó a las autonomías a poner en marcha un protocolo de actuación en el que participaron los inspectores, los ayuntamientos y las Policías, que procedieron a inmovilizar todo el producto del mercado. En total, en toda España se secuestraron legalmente 3.500 toneladas de aceite de girasol en 48 horas. Los inspectores no entienden que en un país con los antecedentes del aceite de colza y el de orujo “todavía no sepamos qué hacer. Aún esperamos que Sanidad nos marque una forma de actuar”. Las consecuencias de esta situación han afectado a los inspectores de toda España, pero las más críticas con la situación han sido las comunidades de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, País Vasco y Aragón. Un sistema único para las enfermedades animalesAunque los casos más alarmantes de alertas alimentarias en España han correspondido a diversos tipos de aceites de uso doméstico, los productos de origen animal también han causado muchos problemas. Algunas alarmas han sido plenamente justificadas y han estado generalmente bien gestionadas, como el llamado “mal de las vacas locas”, que, pese a haber registrado algunos casos mortales en personas, una actuación inmediata e incluso radical, coordinada con la Comisión Europea permite en la actualidad consumir con tranquilidad la carne de vacuno. También se registraron episodios que conllevaron la retirada de productos e incluso el cierre temporal de fábricas y su revisión a fondo como en el caso de las dioxinas detectadas en algunas marcas de pollos asados. Otro momento de emergencia, que pasado el tiempo se aprecia como desproporcionado fue el de la alerta a nivel mundial de la ‘gripe aviar’, afortunadamente sin consecuencias en España.Distinta cuestión es la de los problemas sanitarios sin trascendencia para la salud humana. Aquí el daño lo sufren, principalmente, los ganaderos que notan en su bolsillo el efecto de epizootías que muchas veces no se han controlado a tiempo. En España se ha padecido esta situación con enfermedades como la peste porcina clásica y la peste porcina africana, la peste equina y más recientemente la ‘lengua azul’, enfermedad que ha acabado con más del 20 por ciento de la cabaña ovina y caprina en algunas provincias andaluzas. Estas enfermedades, frecuentemente trasmitidas por mosquitos, resultan de muy difícil erradicación ya que muchas veces el reservorio se encuentra en territorio africano, donde no se combaten eficazmente.Al final, estos episodios concluyen con sacrificios masivos de ganado y batallas de los ganaderos por conseguir unas indemnizaciones que suelen llegar mal y tarde, con daños irreparables para algunas explotaciones que dejan de ser viables.Ante estas situaciones, España ha propuesto la creación de un sistema de alerta sanitaria para enfermedades animales común para todos los países de la Unión Europea con el fin de anticiparse a situaciones de riesgo y adoptar los programas de actuación oportunos, según defendió en Bruselas la ministra Elena Espinosa.