En España hay más de cuatro millones de inmigrantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La obligación del Gobierno es proteger los derechos de estas personas para que disfruten de los derechos humanos en igualdad de condiciones que el resto de españoles. Sin embargo, esto no es así, según denuncia Amnistía Internacional. La organización denuncia “el desinterés de las autoridades españolas frente al racismo y la xenofobia”, en un informe publicado este jueves.
El documento de AI, titulado “Entre la desgana y la invisibilidad” analiza las Políticas del Estado español en la lucha contra el racismo, el cual no sale precisamente bien parado. Así, el informe recuerda que España está entre los únicos 10 Estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que entró en vigor el 1 de febrero de 2008.
Según Naciones Unidas, España es uno de los diez países europeos con una mayor incidencia de casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. La mayoría de sus víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania.
Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional: “Esta desgana aleja a España de sus obligaciones internacionales y se refleja en la no ratificación de al menos diez tratados internacionales contra la discriminación de inmigrantes y personas gitanas; la inadecuada trasposición de directivas comunitarias obligatorias sobre racismo; la existencia de leyes, como la de Extranjería, con artículos declarados inconstitucionales al considerarse discriminatorios por el Alto Tribunal; la creación tardía con competencias insuficientes de organismos especializados de lucha contra el racismo y la discriminación y la falta de voluntad política motivada por la ausencia de un Plan integral de lucha contra el racismo”.
El racismo existe, aunque no haya datos oficiales
España está a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la xenofobia. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), España es uno de los cinco estados miembros que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas. “La invisibilidad debe subsanarse como primera medida para abordar esta situación”, sugiere Beltrán.
Así mismo, Amnistía denuncia que persisten los incidentes racistas a manos de particulares y los casos de malos tratos o torturas con componente racista por parte de las distintas fuerzas de seguridad.
En lo que se refiere a agresiones protagonizadas por grupos racistas dirigidas contra personas inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas, según el informe RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) Especial 2006, la cifra superaría las 4.000 agresiones anuales. Los datos sobre la percepción que tiene la población española sobre la comunidad gitana y sobre el fenómeno de la inmigración dibujan un escenario de prejuicios y rechazo.
Cuatro de cada diez entrevistados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2005 reconocían que les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a una familia gitana. En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) de 2006, seis de cada diez asociaban de algún modo la delincuencia con la inmigración.
Amnistía Internacional denuncia la invisibilidad de este problema en España ya que no existen datos oficiales que permitan conocer la magnitud del problema. "Es alarmante la falta de registro y análisis de datos sobre el racismo y la xenofobia y sobre incidentes racistas o delitos racistas", apunta la ONG. Y añden "La ausencia de órganos independientes de investigación muestran la falta de voluntad política para conocer su dimensión".
El primer informe sobre racismo y xenofobia de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2007, revelaba que no había encontrado ningún dato que permitiese afirmar que, durante el año 2006, se hubiese impuesto una sola sanción o compensación por casos de discriminación étnica en catorce países de la Unión, incluida España.
El documento de AI, titulado “Entre la desgana y la invisibilidad” analiza las Políticas del Estado español en la lucha contra el racismo, el cual no sale precisamente bien parado. Así, el informe recuerda que España está entre los únicos 10 Estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que entró en vigor el 1 de febrero de 2008.
Según Naciones Unidas, España es uno de los diez países europeos con una mayor incidencia de casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. La mayoría de sus víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania.
Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional: “Esta desgana aleja a España de sus obligaciones internacionales y se refleja en la no ratificación de al menos diez tratados internacionales contra la discriminación de inmigrantes y personas gitanas; la inadecuada trasposición de directivas comunitarias obligatorias sobre racismo; la existencia de leyes, como la de Extranjería, con artículos declarados inconstitucionales al considerarse discriminatorios por el Alto Tribunal; la creación tardía con competencias insuficientes de organismos especializados de lucha contra el racismo y la discriminación y la falta de voluntad política motivada por la ausencia de un Plan integral de lucha contra el racismo”.
El racismo existe, aunque no haya datos oficiales
España está a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la xenofobia. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), España es uno de los cinco estados miembros que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas. “La invisibilidad debe subsanarse como primera medida para abordar esta situación”, sugiere Beltrán.
Así mismo, Amnistía denuncia que persisten los incidentes racistas a manos de particulares y los casos de malos tratos o torturas con componente racista por parte de las distintas fuerzas de seguridad.
En lo que se refiere a agresiones protagonizadas por grupos racistas dirigidas contra personas inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas, según el informe RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) Especial 2006, la cifra superaría las 4.000 agresiones anuales. Los datos sobre la percepción que tiene la población española sobre la comunidad gitana y sobre el fenómeno de la inmigración dibujan un escenario de prejuicios y rechazo.
Cuatro de cada diez entrevistados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2005 reconocían que les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a una familia gitana. En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) de 2006, seis de cada diez asociaban de algún modo la delincuencia con la inmigración.
Amnistía Internacional denuncia la invisibilidad de este problema en España ya que no existen datos oficiales que permitan conocer la magnitud del problema. "Es alarmante la falta de registro y análisis de datos sobre el racismo y la xenofobia y sobre incidentes racistas o delitos racistas", apunta la ONG. Y añden "La ausencia de órganos independientes de investigación muestran la falta de voluntad política para conocer su dimensión".
El primer informe sobre racismo y xenofobia de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2007, revelaba que no había encontrado ningún dato que permitiese afirmar que, durante el año 2006, se hubiese impuesto una sola sanción o compensación por casos de discriminación étnica en catorce países de la Unión, incluida España.
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