M. FONTÁN - VIGO Una suculenta oferta de trabajo que ha acabado por pasarle factura. La Policía Nacional detuvo en Vigo a un ciudadano peruano de 34 años de edad por colaborar supuestamente con una organización ucraniana que estafó casi 12.000 euros a una empresa de Toledo a través de Internet. El arrestado aceptó un falso empleo que se ofertaba en la red consistente en abrir una cuenta bancaria donde recibió el dinero defraudado, que después habría enviado a Ucrania a través de empresas de mensajería del tipo de Western Union. A cambio de actuar como mediador, se quedó con “una pequeña cantidad” en concepto de comisión.
Esta modalidad delictiva, cada vez más en auge, recibe el nombre de “scam” : se trata de una fase del conocido “phising” que tiene como víctimas a buscadores de empleo a través de Internet que se convierten en cómplices de un delito. Es lo ocurrido con este peruano, O.M.R.V., al que le constan dos detenciones anteriores y que, tras ser arrestado el pasado lunes, ya fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo.
Denuncia
Este caso de fraude a través de la red se destapó a raíz de una denuncia formulada en el puesto de la Guardia Civil de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) en la que se informaba de una estafa de casi 12.000 euros que había sufrido una empresa de Toledo como consecuencia de cuatro transacciones fraudulentas de la cuenta de la misma, tres de las cuales se hicieron a otra cuenta de una entidad bancaria con sucursal en Vigo.
Agentes especializados en delitos tecnológicos de la comisaría viguesa iniciaron una investigación e identificaron como titular de la cuenta al arrestado que, según la Policía, fue quien reenvió el dinero defraudado a cuentas de Ucrania a cambio de una comisión y “siguiendo instrucciones” de los cabecillas de la trama.
El detenido ejerció como intermediario. Aunque hasta ahora este tipo de conductas eran consideradas como un delito de estafa, cada vez hay más sentencias en las que se condena a estas personas como autores de un delito de blanqueo de capitales. “Lo que está haciendo el intermediario es cogiendo un dinero y sustraerlo de los cauces legales del Estado”, concluye un experto.
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