Consumidores en peligro

Preparados infantiles de soja que contenían proteínas de leche de vaca, una contaminación que podría llegar a ser letal para algunos niños alérgicos a la leche de vaca.
Jugos de Noni -una exótica fruta originaria de la Polinesia- contaminados por cocaína y vendidos sin ningún control por internet que provocaron una muerte.
Productos dietéticos fabricados por empresas en situación irregular -los distribuidores de Depuralina presentaron al fin el pasado 29 de julio la documentación pertinente- o sospechosos de provocar toxicidad hepática (Herbalife).
Aceite de girasol masivamente importado de Ucrania que presentaba contaminación por hidrocarburos alifáticos, una familia de compuestos que se encuentran en productos tan alejados de la nutrición como el butano.
Leche para alimentación infantil que contenía bacterias de salmonella y que intoxicó a 29 niños, 23 de ellos bebés de menos de un año, provocándoles gastroenteritis...
Una galería de peligros contra la salud pública que pone los pelos de punta. Agujeros negros en la seguridad alimentaria que, sin embargo, no corresponden a países tercermundistas. No se localizaban en algún remoto lugar africano, sino en España.
Seis retiradas del mercado
En lo que va de año los consumidores españoles se encontraron en los estantes de tiendas y supermercados con alguno de estos artículos de alto riesgo para su salud. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido que actuar al menos en seis ocasiones para retirar del mercado productos que ya estaban a la venta y que ya habían causado algún daño entre los compradores. Esta circunstancia es la que más inquieta a las asociaciones de consumidores.
Daniel Vega, portavoz de la UCE (Unión de Consumidores de España), entiende que «la red de alertas funciona bien, porque en todos los casos que se han producido, los productos peligrosos, una vez localizados, han sido intervenidos y retirados del mercado rápidamente provocando una toxicidad mínima».
«El problema -señala- es que el control no funciona a la hora de evitar que esos productos lleguen al mercado. Desde la UCE consideramos que se debe legislar de una forma más intervencionista. No es suficiente que el control de calidad sólo lo realicen los fabricantes, porque se ha demostrado que las empresas privadas se equivocan, por mucho que se jueguen su prestigio y su marca, y que llegan a poner a la venta productos peligrosos para los consumidores. Debe reforzarse el cuerpo de inspectores y dotarle de nuevas competencias. E igualmente es necesario que los controles se realicen antes de que los productos alcancen el mercado».
«Otra laguna -concluye- es la de las compras por internet, que fue el caso de los juegos de Noni. Hay muchas dificultades para controlar esas puertas de entrada, pero debería trabajarse en este asunto».
Tanto a la UCE como a Facua-Consumidores en Acción le ha inquietado de forma especial el último caso de la leche con salmonella. Vega asegura que su organización ha solicitado una reunión del Consejo de Consumidores y Usuarios para saber por qué no han funcionado los controles de la empresa Santé Iberia SL, fabricante de la leche Sanutri.
En este sentido, Facua recuerda que «en enero ya se retiraron tres lotes de un preparado infantil para lactantes de la misma sociedad, por lo que pide a la Aesan que realice una investigación urgente».
Facua, como la UCE y como la inmensa mayoría de las asociaciones de consumidores, mantiene una postura crítica con el sistema de seguridad alimentaria vigente en España y considera que «hay que invertir mucho más en controles. Es urgente incrementar de forma considerable los recursos técnicos y humanos de las distintas administraciones con competencias: desde las aduanas hasta los comercios, pasando por todos los eslabones de la cadena de producción y distribución».
Facua insiste de forma especial en que «la red de inspectores es insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria en España». Y critica que «el Gobierno y las comunidades autónomas no hayan hecho los esfuerzos políticos y económicos suficientes para que los controles de mercado puedan ser considerados aceptables y el cuerpo de inspectores sigue siendo demasiado reducido para acometer con eficiencia el control alimentario».
La crisis del girasol
No le falta razón a Facua si atendemos a la denuncia efectuada por el Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) durante la famosa crisis del girasol. Miles de toneladas de aceite de ese tipo recorrieron toda Europa, desde Ucrania hasta España. Aquí, y en otros países de la Unión, se comercializó de forma masiva. Estuvo a la venta un tiempo indeterminado hasta que llegó una alerta desde Francia sobre su toxicidad. Aquí, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, sin saber qué marcas ni qué lotes eran los peligrosos, llegó a recomendar que no se consumiera aceite de girasol provocando un cataclismo en el sector.
De aquellos hechos sólo quedaron claras dos cosas. La primera que hubo mucha suerte de que el peligro resultara tan liviano porque para cuando la red de alerta cerró el mercado, de ser más grave, la lista de afectados podría haber sido interminable. La segunda que, como aseguró el Gestha, los controles que se realizan en nuestras aduanas son claramente insuficientes. En este caso concreto explicó que: «Desde enero a abril -fecha en la que se localizó el problema- por las Aduanas españolas pasaron unas 20 partidas de aceite de girasol (unas 53.000 toneladas) de las que sólo una pasó el control físico de la aduana que exige la ley europea y esta comprobación únicamente se realizó por medio del escáner, sin ningún tipo de análisis de laboratorio».