Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que hoy ha tenido acceso Efe, los hechos, que serán juzgados este mes en San Sebastián, se remontan al 16 de junio de 2005, cuando la acusada adquirió una villa en la citada localidad costera "con la finalidad de ofrecer en ella servicios sexuales de jóvenes rusas".
Para ello, denominó a la casa "Villa Sexy Girls", puso reclamos publicitarios en la prensa local para atraer clientes, e insertó anuncios en un periódico editado en lengua rusa con tirada en Madrid y Marbella para contactar con mujeres jóvenes de esta nacionalidad.
De esta manera, varias chicas acudieron a la casa donde presuntamente "ofrecían servicios sexuales a cambio de cantidades que oscilaban entre los 80 y los 160 euros" de los que, supuestamente, la procesada "recibía un porcentaje".
El documento precisa que los servicios sexuales eran prestados "en habitaciones especialmente habilitadas" de la villa, donde las jóvenes "vivían cortas temporadas", o en los domicilios de los clientes.
El escrito explica que la procesada contaba con la ayuda de tres hombres que presuntamente colaboraban con ella "en la organización de la actividad de la casa" pero "bajo su supervisión" a sabiendas de "la actividad que se desarrollaba en la villa" Dos de estos hombres desempeñaron supuestamente "funciones de recepcionistas a turnos, informado por teléfono a los clientes y recibiéndoles en la casa, donde les explicaban los servicios y tarifas". El tercer imputado, además de atender el teléfono, era el encargado de ir a buscar a las chicas para conducirlas a la villa.
Sobre las 18:30 del 26 de julio de 2006, agentes del Cuerpo Nacional de Policía entraron en la villa, donde se incautaron de diferentes documentos con nombres de mujeres, tarifas de precios y anotaciones de horarios y turnos, así como de 47.745 euros, obtenidos por la acusada del trabajo sexual de las chicas y que se encontraban en dos cajas fuertes. Durante la inspección de la casa, los policías identificaron a nueve jóvenes de nacionalidad rusa.
En la misma operación, los agentes registraron en la vecina localidad de Irun un piso en el que residía la procesada, donde encontraron otros 14.465 euros, además de varias hojas con anotaciones y cartillas de entidades bancarias a nombre de la acusada.
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de explotación de la prostitución por el que reclama para la acusada cuatro años de cárcel y una multa de 14.400, mientras que para los otros tres procesados solicita tres años de prisión y una multa de 12.000 euros. EFE
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