«Ucrania se encuentra en una situación extremadamente grave» afirman altos funcionarios de la diplomacia europea, preocupados por la posibilidad de que el país pueda entrar en una situación devastadora. Después de la crisis del gas con Rusia el pasado enero, los expertos europeos se han dado cuenta de que «Ucrania no puede pagar ni lo que ha acordado con Rusia por el gas, ni ningún precio», porque el país está prácticamente en bancarrota.
El ministro de Finanzas, Viktor Pynzenyk dimitió la semana pasada reconociendo que era incapaz de elaborar unos presupuestos coherentes a causa de la situación política, el mismo día que la agencia «Fitch» bajó la calificación del país. Según han declarado analistas del banco alemán Commerzbank, el mercado da por hecho que las autoridades de Kiev tendrán que reconocer su incapacidad de atender a sus obligaciones financieras en cuestión de meses. En el último año la producción industrial ha caído más del 26 por ciento. Las previsiones son de una caída del 9 por ciento de la economía este año y la divisa local, la «hryvnia», puede perder el 50 por ciento de su valor antes del verano.
Un Estado fallido
En círculos de la diplomacia comunitaria se ha llegado a hablar de la posibilidad de que Ucrania se encamine a un esquema parecido al de un Estado fallido. Otros aseguran que el Alto Representante para la política exterior común, Javier Solana, estaría «muy decepcionado» con el rumbo que han tomado los dirigentes ucranianos, que ha echado por tierra todos los esfuerzos que desplegó Europa a finales de 2004, durante la llamada «revolución naranja».
En los análisis de los diplomáticos y los expertos financieros, el enfrentamiento entre el presidente, Viktor Yushenko, y la primera ministra, Yulia Timoshenko, constituye uno de los factores peor valorados. Según un experto del HSBC citado por «European Voice», Yushenko «podría usar su influencia para que la jefa del Gobierno no pueda cumplir sus obligaciones, aún a costa de impedir la llegada de préstamos».
El Fondo Monetario Internacional ha ofrecido un crédito de 16.000 millones de dólares para evitar la bancarrota, pero no ha obtenido las garantías de que el Gobierno reducirá sus gastos, y menos ante la proximidad de un período electoral.
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