Todos los miembros de la UE creen necesario endurecer las restricciones a la entrada de inmigrantes, lo cual fomenta la segregación, la xenofobia y la violación a los derechos humanos.
En tiempos donde el neoliberalismo vuelve a resurgir y donde la premisa del libre mercado domina el escenario mundial, la libre circulación de personas se hace cada más difícil en los países europeos que fomentan legislaciones fuertemente restrictivas hacia el movimiento inmigratorio. La libertad sólo reside en el intercambio de mercancías que otorguen réditos económicos y que sean útiles en cuanto a los conceptos del capitalismo y del neoliberalismo. Todo se dirime entre la oferta, la demanda y el mercado; pero este todo parece derivar en una expulsión cada vez mayor de personas que no tienen acceso a este circuito y quedan relegadas del sistema económico de sus países. Estos “expulsados”, muchas veces ven en la inmigración una posibilidad de revertir sus destinos de pobreza y marginalidad. Es así como, a partir de la compleja situación económica y sociopolítica de varios países llamados “subdesarrolados” -entre ellos los latinoamericanos-, gran porcentaje de sus habitantes consideram a Europa como el continente que podía saciar sus necesidades. A principios de este siglo, grandes contingentes de ciudadanos latinoamericanos -muchos descendientes europeos- decidieron emigrar hacia países como Italia, España, Francia, entre otros, en busca de un trabajo digno que les posibilite mejores condiciones de vida que en sus tierras natales. No obstante, en estos lugares los inmigrantes poseen cada vez más restricciones que le imposibilitan ya sea su entrada como su permanencia. Además, las condiciones de vida de aquellos que pueden escapar a los controles migratorios son pésimas, teniendo en cuenta que no tienen ni siquiera acceso a la atención sanitaria. El año pasado, la asociación Médicos del Mundo (MDM) en base a un estudio realizado en siete Estados miembros, denunció las discriminaciones sanitarias que sufren los inmigrantes sin papeles dentro la Unión Europea (UE. El análisis establece que sólo el 24 por ciento de los inmigrantes ilegales recibe ayuda sanitaria. Otra de las cuestiones constatada por el estudio de MDM es el desconocimiento generalizado de los ciudadanos extranjeros y sin papeles de sus derechos. “La mayoría de los inmigrantes desconocen los derechos que pueden defender y los servicios existentes para transmitir esa información son, en la mayoría de los países, insuficientes, cuando no mínimos o casi inexistentes”. La Unión Europea continúa tratando la temática de la inmigración como un problema que requiere de intervención policial y judicial pero se olvida -o no pretende- abordar la cuestión de una manera integradora que establezca una mejor calidad de vida, tanto para el inmigrante como para los ciudadanos natales, respetando los derechos de ambos y, sobre todo, respetando los derechos humanos. Parece contradictorio que en países dónde se jactan del progreso de sus ideas, de sus adelantos tecnológicos, de sus crecimientos a nivel político, social y económico, la cuestión de la inmigración sólo pueda ser “solucionada” en términos xenófobos y discriminatorios. Europa parece olvidar que América, en otros tiempos, fue el continente que acogió a esa gran masa de inmigrantes despojados y expulsados de sus países por la falta de oportunidades que buscaban otros rumbos donde forjar un futuro próspero. A fines del siglo XIX y principios del XX, los inmigrantes europeos, sobre todo, los italianos, los españoles y los franceses, se refugiaron en los países latinoamericanos en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. Hoy, en el siglo XXI, quienes buscan refugio y un lugar dónde establecer sus vidas, como los inmigrantes latinoamericanos, ven en el viejo continente una oportunidad de crecer económicamente, escapando del desempleo y de la pobreza que azota al llamado “mundo subdesarrollado”. Paradójicamente, en estos últimos años, son países como España, Italia y Francia -en otros tiempos, cuna de emigrantes- quienes rechazan y segregan a los inmigrantes -en gran parte latinoamericanos- cerrándoles sus fronteras a través de políticas migratorias cada vez más fuertes y discriminatorias que trasladan hacia los ciudadanos nativos rasgos de xenofobia y odio racial. Ahora resulta, de acuerdo a determinadas políticas, que la inmigración ya no es inmigración, sino que pasó a denominarse “delincuencia”. Inmigrantes, antes utilizados por los sistemas en su beneficio, son llamados “delincuentes” por el sólo hecho de no poseer papeles que legitimen su entrada al país. Esto es lo que sucede en Italia, con el actual gobierno de Silvio Berlusconi. El primer ministro, escudado en la argumentación xenófoba de que “los italianos tienen derecho a no tener miedo”, lanzó un decreto por el que la justicia italiana tiene el poder de condenar por cuatro años de prisión a un inmigrante por el sólo hecho de ser indocumentado. Berlusconi argumenta dicha política -planeada desde hace varios años- sosteniendo que la crisis económica desatada en Italia ha agrandado la desconfianza hacia los inmigrantes por parte de los ciudadanos de esa nación, que ven en -según él- en la figura del inmigrante una persona que produce temor. El ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, ante las acusaciones de xenofobia, sostuvo: “lo que estamos haciendo responde al reclamo de nuestros ciudadanos, que piden más seguridad" y agregó que el 90 por ciento de los italianos "está de acuerdo" con que se considere delito la inmigración ilegal. En un principio, al conocerse las medidas tomadas por la derecha italiana, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero cuestionó la política de su par, Silvio Berlusconi, por considerarla "racista, xenófoba y violatoria de los derechos humanos".Sin embargo, esta acusación no habla de la calidad humanitaria que tiene España hacia los inmigrantes, sino que denota el interés de dicha nación por protegerse a sí misma y no a los derechos humanos. Es decir, Zapatero considera que el planteamiento italiano podría ocasionar un “perjuicio” basado en el traslado de la masa de inmigrantes destinada a Italia hacia España y otros países de la UE. "Las políticas migratorias de España y de Italia no son tan distintas como el gobierno socialista quiere hacer creer. Las formas sí son distintas porque el discurso de Berlusconi es más agresivo", afirmó el titular de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes (Ferine), Esteban Cancelado. Esto recuerda al “Acuerdo de Schengen”, firmado en 1985 por Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo y, al que luego se sumó, Italia, España y Portugal. El objetivo del mismo era suprimir los controles en las fronteras interiores para asegurar el control de las fronteras exteriores comunes, con el fin de “garantizar la seguridad de los ciudadanos”. El “espíritu de Schengen”, presente en las actuales legislaciones, consiste en, según un análisis del equipo de investigación sociológica ubicado en Madrid y compuesto por C. Pereda, W. Actis y M. de Prada., “desconfiar de los inmigrantes ya asentados y en el rechazo de los que intentan llegar; así la inmigración se constituye en problema y amenaza”. “Cerrar las puertas” y penalizar la inmigración es la política migratoria acatada por la mayoría de los países de la Unión Europea. El viejo continente decide cerrarles las oportunidades a los inmigrantes que otrora fueron utilizados cuando eran necesarios como mano de obra barata. Guiados por una escasa solidaridad para con los demás pueblos, gran parte de Europa proclama la apertura de sus fronteras sólo cuando ve en los inmigrantes algún tipo de provecho para ampliar la oferta y el abaratamiento laboral. De esta manera, pasan de ser “delincuentes” a ser “esclavos”. Los “esclavos” del siglo XXI, son aquellos trabajadores que se hallan fuera del sistema labora formal y, por lo tanto, sólo son utilizados en la medida en que aporten al desarrollo económico de los países y de los que más tienen sin nada a cambio más que un salario de sumas irrisorias. Los trabajos que realizan, en su mayoría, son aquellos despreciados por los habitantes autóctonos de los países europeos. En España, por ejemplo, los inmigrantes han paralizado el crecimiento negativo y han hecho que la tasa de natalidad supere a la de mortalidad, teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional del país. Es decir, los inmigrantes aportan a España en su conjunto lo necesario para equilibrar la balanza demográfica. Éstos deberían ser recompensados por las autoridades, generando su regularización y el reconocimiento de sus derechos, ya que son ellos quienes componen gran parte del crecimiento socioeconómico del país. No obstante, los inmigrantes, en España y en demás países de la UE, reciben a cambio de su trabajo un salario mínimo que no suple todas las falencias producto de la ausencia de reconocimiento de sus derechos como trabajadores y como individuos que -a pesar de no ser ciudadanos europeos- conforman el territorio y poseen, como cualquier otra persona, los tan proclamados y poco cumplidos “derechos humanos”. Estos derechos humanos son violados a ultranza al calificar de “delincuentes” a los inmigrantes y, sobre todo, al establecer penas que rondan entre los 18 meses y los cuatro años de cárcel como si éstos fueses criminales. De esta manera, en Alemania, por ejemplo, puede condenarse hasta 18 meses de prisión a los inmigrantes cuando hay “riesgo de fuga”. La ley se aplica igual también con los menores de edad, es decir, no sólo se restringen los derechos humanos en general sino también los derechos del niño, ambos reconocidos mundialmente. Es así como entre el año 2002 y el 2005 se mantuvieron presos a más de cien menores en Berlín, dejándolos vedados de ningún tipo de ayuda legal gratuita. Sólo cuando la denuncia tiene posibilidades de prosperar se puede conseguir dicha asistencia. Cabría preguntarse: ¿qué políticas llevan a cabo las entidades u organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos ante estas acciones? Además de realizar informes y análisis sobre las situaciones de los inmigrantes y refugiados en el mundo, deberían poner en práctica acciones reales que limiten el accionar inescrupuloso de los países que, en su mayoría, conforman estos mismos organismos. Si bien se han nombrado casos particulares de los países europeos, las medidas restrictivas hacia la inmigración tienen un lugar preponderante dentro las cuestiones que atañen a la Unión Europea en su conjunto. La mayoría de sus miembros considera que se deben establecer políticas en común tendientes a regular la inmigración que se incrementa cada vez más en esta región. En este sentido, en los próximos días los 27 miembros de la Unión Europea planean reafirmar en el Parlamento europeo un reglamento que limita a seis meses el período de detención para quienes entran sin papeles, pero puede alargarse a 18 cuando hay “riesgo”. Además, éste convenio establecerá que cualquier inmigrante que haya sido expulsado de cualquiera de los países miembros de la UE, no podrá volver a ingresar en ella durante cinco años. Según estimaciones de la Comisión Europea, la UE cuenta con ocho millones de inmigrantes ilegales. Durante la primera mitad del año pasado, más de 200 mil clandestinos fueron detenidos en la región y, al menos, 90 mil fueron expulsados hacia sus países de origen. Sin embargo, se espera que las medidas se agudicen tras la rotación de mando del parlamento que se dará el primero de julio en manos de Francia, el país presidido por Nicolás Sarkozy. Desde la llegada de Sarkozy al poder francés, tres nuevas leyes reforzaron la lucha contra la inmigración ilegal con el fin de sustituirla por una "inmigración escogida", es decir, por extranjeros calificados profesionalmente. ¿Dónde quedaron los postulados de libertad, fraternidad e igualdad nacidos en la Revolución Francesa? Parece que las medidas judiciales no resultan suficientes para “desprenderse” de la inmigración. Es por eso que muchos países deciden ampliar la “seguridad” contra los inmigrantes instalando sistemas electrónicos de control en las fronteras compartidas, por ejemplo, con África. Durante el año 2002, el gobierno británico de Tony Blair planteó el despliegue de navíos de guerra en el este del Mediterráneo para interceptar pateras y la utilización de aviones militares para expulsar a los inmigrantes ilegales, según un informe confidencial difundido por el diario “The Guardian”. En Ucrania, según un informe de Human Rights Watch del año 2005 “emigrantes y solicitantes de asilo se enfrentan a abusos sistemáticos, detenciones arbitrarias en condiciones degradantes, violencia, extorsiones y repatriaciones forzosas”. “El sistema de asilo -explica el informe- no funciona, y esto provoca la repatriación forzada de personas hacia países donde pueden padecer torturas y persecuciones”. Estas medidas no hacen más que fomentar e incrementar el odio racial y social, la discriminación, la xenofobia, la segregación étnica, entre otros elementos que contribuyen a la violación de los derechos humanos y a la paradoja de un mundo globalizado pero, a la vez, fragmentado. "Este racismo se basa en la percepción del otro como alguien que te puede crear problemas. Se tiende a generalizar: el otro pasa a ser el conflictivo, el maleducado, el delincuente", expone Adelas Ros, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y ex secretaria de Inmigración de la Generalitat. Muchos son los hijos de inmigrantes que inician o continúan su escolaridad en países europeos. Es así como tanto en el ámbito laboral -de sus padres- como en el escolar, las palabras despectivas y los chistes racistas se han vuelto algo cotidiano y son moneda común, generando claras situaciones de violencia verbal y física. Asimismo, no es inusual ver que sucedan situaciones similares en otros contextos. Fue así como, según un video que circuló por las grandes cadenas de noticias del mundo, una adolescente inmigrante fue ferozmente golpeada por un español en el metro por su condición de foránea. En este mismo sentido, según un escrito firmado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Red Acoge, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Unión Sindical Obrera, "cuando los mensajes que se mandan a la sociedad son negativos, surgen las reacciones fascistas y racistas”. Pero no todo el eje del conflicto se circunscribe a los que pretenden ingresar a la UE sino que también existen duras limitaciones para aquellos quienes residen y pretenden nacionalizarse. Suiza, por ejemplo, es el país de Europa que impone condiciones más restrictivas para obtener la residencia. En este país, los extranjeros, para conseguir la nacionalidad, deben residir legalmente doce años en el país. Este sistema se consolida aún más mediante el formato de voto popular a mano alzada dentro de la comunidad para decidir quién merece la naturalización y quién no. En definitiva, lo que sucede en cada uno de los países europeos y en la Unión Europea como bloque, es que se le brinda un lugar mínimo -cuando no inexistente- a la integración social, al reconocimiento de los derechos, a la solidaridad y a la convivencia intercultural de los pueblos.
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