MADRID
El tribunal del 11-M ha rechazado en su sentencia que ETA estuviera detrás de los atentados perpetrados en Madrid, fue perpetrado por una célula islamista, tal y como sostenía la defensa de los acusados y Basel Ghalyun, que ejerce el abogado José Luis Abascal.
Ninguna de las pruebas solicitadas por ese letrado "avala la tesis alternativa" de ETA, según ha afirmado el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, durante la lectura del resumen de la sentencia.
Entre esas pruebas figuran informes sobre la posible vinculación de la banda armada con el terrorismo islamista o sobre si ETA había utilizado Goma 2 en los últimos 10 años, aspecto este último que quedó descartado en un oficio de la Ertzaintza.
'El Egipcio', absuelto
Respecto a los acusados, la Audiencia Nacional ha absuelto a Rabei Osman el Sayed, alias Mohamed el Egipcio, a quien la fiscalía consideraba uno de los instigadores del 11-M, y ha impuesto duras penas a los autores de la matanza.
El tribunal ha condenado a más de 42.000 años de prisión a tres de los ocho principales acusados: Jamal Zugam, autor material que fue reconocido en uno de los trenes, Otman el Gnaui, uno de los principales responsables de la célula terrorista, y el minero español José Emilio Suárez Trashorras, confidente de la policía, traficante de drogas y principal suministrador de los explosivos.
Zugam y el Gnaui han sido considerados culpables de 191 asesinatos y dos abortos, de 1.856 asesinatos en grado de tentativa y de cuatro delitos de estragos terroristas, mientras que el minero José Emilio Suárez Trashorras, a quien también se condena por los hechos de Leganés, ha recibido una pena algo inferior, de casi 35.000 años al aplicársele la atenuante de "anomalía psíquica".
Otros seis procesados han sido absueltos: Antonio Toro, Carmen Toro, Emilio Llano, Mohamed Musaten, Javier González Díaz e Iván Granados. El también acusado Brahim Musaten ya había sido exculpado en pleno juicio.
Sentencia de 10 años para Zuhier
Del resto de los ocho principales acusados, para los que el fiscal pedía también casi 39.000 años de prisión, el marroquí Yusef Belhadj, acusado de ser autor intelectual y sospechoso de ser el portavoz de Al Qaida en Europa --apareció en un vídeo reivindicando los atentados-- ha sido condenado a 12 años de cárcel.
El también marroquí Hasan el Haski, presunto exlíder en España y después en Europa del Grupo Islámico Combatiente de Marruecos (GICM) e imputado por ser presunto cerebro de los atentados, ha sido sentenciado a 15 años.
Adelmajid Buchar, el otro acusado de ser el autor material y cuyas huellas se encontraron en una casa donde fueron construidas las bombas, fue al final sólo condenado por pertenencia a organización terrorista. Rafá Zuhier, confidente de la policía, acusado de hacer de intermediario en la entrega de explosivos, ha sido sentenciado a 10 años.
Las indemnizaciones
La Audiencia ha fijado indemnizaciones de entre 30.000 y 1.500.000 euros para las víctimas directas e indirectas de los atentados.
Según Gómez Bermúdez, se ha establecido una clasificación en 12 grupos, de menor a mayor gravedad, y se ha fijado una cuantía para cada uno de ellos, con un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 1,5 millones --esta cantidad es para siete personas calificadas como grandes lesionados--. Mención especial para Laura Vega, una joven de 29 años que está en estado vegetativo permanente tras la matanza y que cobrará un millón de euros de indemnización y un depósito de 250.000 euros para su tratamiento.
La mochila de Vallecas
El tribunal considera que no hay duda de la autenticidad de la mochila de Vallecas, cuya desactivación fue clave para la investigación de los atentados, ni de su procedencia, la estación madrileña de El Pozo.
Los magistrados consideran que no se rompió la cadena de custodia, ya que los agentes que recogieron todos los efectos en dicha no los perdieron de vista desde que los llevaron al pabellón de la Feria de Madrid y luego a la comisaría de Vallecas.
La Audiencia también declara probado que los explosivos que estallaron en los trenes el 11-M y los que emplearon los suicidas de Leganés procedían de Mina Conchita, en Asturias.
El tribunal del 11-M ha rechazado en su sentencia que ETA estuviera detrás de los atentados perpetrados en Madrid, fue perpetrado por una célula islamista, tal y como sostenía la defensa de los acusados y Basel Ghalyun, que ejerce el abogado José Luis Abascal.
Ninguna de las pruebas solicitadas por ese letrado "avala la tesis alternativa" de ETA, según ha afirmado el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, durante la lectura del resumen de la sentencia.
Entre esas pruebas figuran informes sobre la posible vinculación de la banda armada con el terrorismo islamista o sobre si ETA había utilizado Goma 2 en los últimos 10 años, aspecto este último que quedó descartado en un oficio de la Ertzaintza.
'El Egipcio', absuelto
Respecto a los acusados, la Audiencia Nacional ha absuelto a Rabei Osman el Sayed, alias Mohamed el Egipcio, a quien la fiscalía consideraba uno de los instigadores del 11-M, y ha impuesto duras penas a los autores de la matanza.
El tribunal ha condenado a más de 42.000 años de prisión a tres de los ocho principales acusados: Jamal Zugam, autor material que fue reconocido en uno de los trenes, Otman el Gnaui, uno de los principales responsables de la célula terrorista, y el minero español José Emilio Suárez Trashorras, confidente de la policía, traficante de drogas y principal suministrador de los explosivos.
Zugam y el Gnaui han sido considerados culpables de 191 asesinatos y dos abortos, de 1.856 asesinatos en grado de tentativa y de cuatro delitos de estragos terroristas, mientras que el minero José Emilio Suárez Trashorras, a quien también se condena por los hechos de Leganés, ha recibido una pena algo inferior, de casi 35.000 años al aplicársele la atenuante de "anomalía psíquica".
Otros seis procesados han sido absueltos: Antonio Toro, Carmen Toro, Emilio Llano, Mohamed Musaten, Javier González Díaz e Iván Granados. El también acusado Brahim Musaten ya había sido exculpado en pleno juicio.
Sentencia de 10 años para Zuhier
Del resto de los ocho principales acusados, para los que el fiscal pedía también casi 39.000 años de prisión, el marroquí Yusef Belhadj, acusado de ser autor intelectual y sospechoso de ser el portavoz de Al Qaida en Europa --apareció en un vídeo reivindicando los atentados-- ha sido condenado a 12 años de cárcel.
El también marroquí Hasan el Haski, presunto exlíder en España y después en Europa del Grupo Islámico Combatiente de Marruecos (GICM) e imputado por ser presunto cerebro de los atentados, ha sido sentenciado a 15 años.
Adelmajid Buchar, el otro acusado de ser el autor material y cuyas huellas se encontraron en una casa donde fueron construidas las bombas, fue al final sólo condenado por pertenencia a organización terrorista. Rafá Zuhier, confidente de la policía, acusado de hacer de intermediario en la entrega de explosivos, ha sido sentenciado a 10 años.
Las indemnizaciones
La Audiencia ha fijado indemnizaciones de entre 30.000 y 1.500.000 euros para las víctimas directas e indirectas de los atentados.
Según Gómez Bermúdez, se ha establecido una clasificación en 12 grupos, de menor a mayor gravedad, y se ha fijado una cuantía para cada uno de ellos, con un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 1,5 millones --esta cantidad es para siete personas calificadas como grandes lesionados--. Mención especial para Laura Vega, una joven de 29 años que está en estado vegetativo permanente tras la matanza y que cobrará un millón de euros de indemnización y un depósito de 250.000 euros para su tratamiento.
La mochila de Vallecas
El tribunal considera que no hay duda de la autenticidad de la mochila de Vallecas, cuya desactivación fue clave para la investigación de los atentados, ni de su procedencia, la estación madrileña de El Pozo.
Los magistrados consideran que no se rompió la cadena de custodia, ya que los agentes que recogieron todos los efectos en dicha no los perdieron de vista desde que los llevaron al pabellón de la Feria de Madrid y luego a la comisaría de Vallecas.
La Audiencia también declara probado que los explosivos que estallaron en los trenes el 11-M y los que emplearon los suicidas de Leganés procedían de Mina Conchita, en Asturias.
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