lunes, 25 de julio de 2011

Piden 7 años de cárcel para el funcionario acusado de regularizar a chinos

La Fiscalía ha pedido siete años de cárcel y otros ocho años de inhabilitación para un funcionario de Extranjería de Alicante que supuestamente recibió sobornos para regularizar a ciudadanos chinos por reagrupamiento familiar. El empleado público se enfrenta a tres años de cárcel por cohecho y a otros cuatro por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Su pareja sentimental, que también está acusada y afronta 3 años de cárcel por cohecho, supuestamente también se benefició del cargo del funcionario en Extranjería para captar ciudadanos de Ucrania a los que facilitaba la regularización a cambio de cantidades que oscilaban entre 200 y 500 euros por expediente, según la Fiscalía.
La investigación se inició tras la denuncia de un abogado de Benidorm, y la Policía Nacional desplegó entonces un dispositivo de vigilancias y escuchas telefónicas con las que cazaron 'in fraganti' a este empleado público.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los investigadores constataron que se desplazaba «con cierta frecuencia, en especial tras recibir llamadas de la misma, a la gestoría» de una ciudadana china, procesada también en esta causa. En ocasiones, el funcionario procesado también acudía al restaurante chino que esta acusada regentaba en Moraira.
«En dichas entrevistas recogía los expedientes para su tramitación sin cita previa, que, presentando anomalías como falta de hoja con requisitos, nóminas de forma incorrecta o domicilios sin reunir condiciones de habitabilidad, eran informados favorablemente por el acusado y aprobados», explica el fiscal en su escrito. Esto conllevaba «la entrada de ciudadanos chinos que no reunían los requisitos adecuados para obtener dicho permiso de residencia».
Como «contraprestación», la ciudadana china encausada presuntamente entregaba «cantidades que oscilaban según el número de expedientes que se tramitaban». De hecho, esta mujer apuntaba en una libreta el día y la cifra que pagaba al funcionario.
La Policía constató que los hechos se remontaban al menos hasta 2006 y descubrió que, en los periodos en los que el empleado público estaba de vacaciones, no había entregas de dinero.
Procesados
Además del funcionario, su pareja y la ciudadana china, que llegaron a estar en prisión preventiva, la Fiscalía ha acusado a otras cuatro personas de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de falsedad. Uno de ellos es un chino al que requisaron un pasaporte falso, y otro, también chino, que regentaba un bazar en el que supuestamente explotaba a otros compatriotas.
De momento todavía no se ha fijado la fecha del juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Alicante dada la gravedad de las penas que solicita la Fiscalía. Todos los acusados están ahora en libertad provisional a la espera de ser juzgados, según precisaron fuentes judiciales.