La mayor inversión extranjera en Ucrania está amenazada. El fiscal del Estado de este país acusa a ArcelorMittal de incumplir sus compromisos adquiridos con la compra de la planta Kriviy Rih en 2005. El resultado demostrará si el país puede zafarse de su terrible reputación.
ArcelorMittal ha advertido de que si el tribunal falla en su contra, se vería forzado a ceder el control de la planta en la que ha invertido 5.300 millones de dólares, incluidos los 4.800 pagados por su privatización. Sería una terrible señal para los inversores foráneos.
La compra en 2005 de la planta suponía un montante equivalente a la suma de todas las adquisiciones extranjeras anteriores juntas. Además, fue un intento del nuevo presidente Yuschenko de revertir la escandalosa privatización de la misma planta un año antes, vendida por unos míseros 800 millones de dólares a dos oligarcas ucranianos con buenos contactos.
Una segunda renacionalización, para ser otra vez privatizada, sería una farsa y una señal de que los derechos de propiedad en Ucrania duran el tiempo que cambia el poder de manos. La sospecha es que los propietarios anteriores la quieren recuperar.
Los fiscales alegan que simplemente pretenden que ArcelorMittal cumpla con sus obligaciones sociales, no una renacionalización. Pero el caso apesta políticamente. Los señores del acero ucranianos tienen motivos para crear dificultades a unos competidores extranjeros mal recibidos. La demanda también coincide con unas elecciones regionales clave y sirve para que los políticos descarguen culpas sobre ArcelorMittal.
Sea cual sea el motivo, el país no se puede permitir una batalla contra su mayor inversor extranjero. Está emergiendo de una crisis profunda y necesita capital foráneo y, además, está negociando un acuerdo de libre comercio con la UE. Todo esto sería muy difícil de conseguir si los inversores se quejan de un trato injusto.
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