sábado, 15 de noviembre de 2008

La denuncia de un inmigrante destapó la red internacional de tráfico de 'sin papeles'

Un inmigrante indocumentado que se convirtió en testigo protegido fue el origen de la investigación iniciada en Málaga que ha permitido la desarticulación en varios países de una macrored a la que se acusa de introducir ilegalmente en la Unión Europea al menos 3.500 ucranianos, a los que engañaron vendiéndoles una documentación con la que aseguraban que se podía obtener el permiso de trabajo y de residencia. Esta persona, que como el resto abonó a los traficantes de personas entre 2.500 y 3.000 euros, es natural de Odessa (Ucrania), de ahí que la operación fuese bautizada inicialmente con el nombre de la ciudad. La intervención sigue abierta y en la provincia de Málaga han sido ya 13 los arrestados, diez de los cuales son inmigrantes en situación irregular que tenían como residencia varios pisos patera. La red desarticulada gracias al trabajo de 200 agentes captaba a sus víctimas en Ucrania mediante anuncios en prensa, tarjetas de visita y por el boca a oreja entre intermediarios, agencias de viajes o empresas de transporte de mercancías y viajeros. La organización disponía para el traslado de los inmigrantes de una flota de furgonetas y minibuses que eran conducidos por ucranianos con permiso de residencia en España, Portugal y, en menor medida, en Italia y Francia.La mayor parte de los inmigrantes transportados eran portadores de visados Schengen de corta duración con los que simulaban ser turistas y que eran expedidos por la legaciones diplomáticas de Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría, a pesar de que no eran éstos sus destinos finales. En otras ocasiones eran introducidos clandestinamente por la frontera de Eslovaquia mediante camiones de mercancías, en habitáculos habilitados y disimulados entre la carga.La organización engañaba a sus víctimas haciéndoles creer que con esos documentos podrían entrar en la UE y obtener, sin problemas, permisos de trabajo y residencia, por lo que les cobraban por el viaje entre 2.500 y 3.000 euros. Una vez llegados a territorio de la UE eran alojados en los denominados pisos patera, situados principalmente en Milán (Italia) y en Málaga. Allí, para asegurar el cobro de las cantidades estipuladas, les retenían los pasaportes y, si era necesario, les mantenían encerrados en pisos de los que no podían salir hasta que pagaban. Hasta el momento han sido detenidas 32 personas como miembros de esta red, 14 de ellos en España, de los que tres vivían en Málaga. En Portugal han sido ocho los arrestados, seis en Hungría, uno en Italia, otro en Eslovaquia y dos en Polonia. Todos ellos están acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, asociación ilícita y trata de personas para su explotación laboral y sexual.

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