Con el respaldo mayoritario de los grupos, excepto PP e IU-ICV, el Congreso ha aprobado el decreto del Gobierno que permitirá a los inmigrantes sin trabajo que retornen voluntariamente cobrar la prestación por desempleo en dos plazos, el 40% en España y el 60% en el país de origen.
Los inmigrantes tendrán que esperar 5 años antes de poder traer a sus padres
La votación se ha producido un día después de que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunciara la intención del Gobierno de reformar la Ley de Extranjería antes de fin de año y modificar la política de reagrupación familiar.
Una medida "no improvisada"
Corbacho ha asegurado que es una medida coherente con el ordenamiento jurídico, no improvisada y que dotará al mercado laboral de un instrumento para la gestión de los flujos migratorios. La medida está destinada a trabajadores de los 19 países con los que España tiene firmados convenios bilaterales en materia de Seguridad Social. Como contraprestación al cobro íntegro de la protección por desempleo, quienes se acojan, además de regresar, no podrán volver a España en un plazo de tres años.
"El objetivo no es rechazar la presencia de desempleados extranjeros", ha afirmado el ministro. "Pueden quedarse en España con derecho a desempleo y buscar un nuevo trabajo o regresar a su país con el incentivo del cobro acumulado de esa prestación". Las dificultades de la economía en un contexto de crisis mundial y el elevado nivel de desempleo que afecta al colectivo inmigrante, han sido las razones esgrimidas por Corbacho para defender la "urgente necesidad" de esta medida.
Un 'minidecretín'
Para el diputado del PP, Rafael Hernando, cuyo grupo se ha abstenido, las medidas anunciadas por el Gobierno se han quedado en un "minidecretín, que no resuelve los problemas, como la entrada masiva de los inmigrantes". Hernando ha acusado al ministro de inacción. "Se le va la fuerza por la boca y mientras sigue con los brazos cruzados, el desempleo sigue creciendo".
También ha mostrado su desacuerdo, Gaspar Llamazares, de IU, porque duda de la eficacia y conveniencia del decreto que ha calificado como una "legislación simbólica" y una "medida populista". Para Llamazares, el decreto "no es urgente, no es útil y es un mal mensaje" para los españoles e "ingrato" para los ciudadanos de los países de origen de los trabajadores desempleados.
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