La comisión de Industria, Energía e Investigación del Parlamento Europeo aprobó este jueves, por unanimidad las enmiendas a la propuesta de reglamento que garantizará el suministro de gas en casos de crisis, como la sufrida con Ucrania y Rusia en 2008 y que provocó que millones de hogares europeos quedaran sin calefacción.
El vicepresidente de la Eurocámara y eurodiputado del PP, Alejo Vidal-Quadras, responsable de tramitar esta propuesta de reglamento afirmó que las enmiendas introducidas por los eurodiputados suponen una "respuesta real a un problema real y reducirán la vulnerabilidad de la UE en casos de crisis de suministro".
Tras la votación Vidal-Quadras dijo que esperaba que ahora el Consejo de ministros acepte las modificaciones del PE y que la propuesta de reglamento pueda aprobarse lo antes posible porque la crisis "puede repetirse en cualquier momento".
El Parlamento Europeo, cuyo pleno confirmará las enmiendas el próximo mes de mayo, tiene poder de codecisión sobre este asunto a la par con los ministros de Industria de la UE. "Tenemos un mandato claro, respaldado por unanimidad, para negociar la propuesta de reglamento y esperamos que las negociaciones sean un éxito", subrayó.
El objetivo del reglamento es evitar el impacto negativo sobre la economía y sobre los ciudadanos de una nueva crisis de suministro de gas. Para ello, regula qué tendrá que aportar cada uno de los actores del sector, esto es la industria, los Estados miembros y las instituciones comunitarias, y establecer un método de respuesta coordinada para reducir los efectos de un cese de abastecimiento a los ciudadanos.
"Se trata de corregir la falta de coordinación y la falta de infraestructuras que quedó al descubierto en la crisis anterior, en la que se puso de manifiesto que había suficiente gas en la UE para abastecer a todos los Estados miembros pero faltaban mecanismos y vías de interconexión para garantizar el suministro", explicó Vidal-Quadras.
El reglamento incorpora soluciones a ambos problemas al establecer las obligaciones de cada Estado miembro en materia de infraestructuras y capacidad de interconexión, así como los planes de emergencia en caso de crisis, que deben contar con el aval previo de la Comisión Europea.
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