El registro llevado a cabo el miércoles por agentes de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU) no ha alterado, como se temía, el funcionamiento interno de la gasista ucraniana Naftogaz. Sus servicios de contabilidad enviaron ayer al monopolio energético ruso Gazprom los 360 millones de dólares correspondientes al gas consumido en febrero.
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, tuvo que echar mano de las amenazas para acelerar el pago. “El día 7 expira el plazo para saldar la deuda por el gas suministrado a Ucrania. Si como consecuencia de las acciones de fuerza -del miércoles en Kiev- y la detención de varios funcionarios el reembolso no se lleva a cabo, la situación conducirá a la interrupción del abastecimiento”, alertó ayer Putin durante una reunión de su Gobierno. Bastó menos de una hora para que Naftogaz hiciera la transferencia. Gazprom confirmó más tarde la recepción del dinero.
Mientras tanto, miembros del SBU, esta vez de paisano, sin máscaras y sin armas a la vista, se personaban en las oficinas de Ukrtransgaz, la empresa que gestiona la red de gaseoductos ucranianos. La visita, al igual que la efectuada el miércoles a los locales de la compañía de gas, tenía como objetivo recoger indicios en el marco de la investigación por corrupción que se está llevando a cabo por orden del presidente, Víctor Yúshenko, contra altos cargos de Naftogaz y del Comité de Aduanas.
Se les acusa de haberse apoderado ilegalmente de 6.300 millones de metros cúbicos de gas. La primera ministra, Julia Timoshenko, sin embargo, denuncia un intento de Yúshenko de “paralizar Naftogaz y de destruir su sistema de pagos y distribución”. Timoshenko cree que el jefe del Estado quiere hacer saltar por los aires el acuerdo que, con grandes dificultades, ella alcanzó con Putin el pasado 19 de enero para poner fin a aquella “guerra del gas” que dejó sin suministro a casi toda Europa. Yúshenko considera que Ucrania salió perdiendo de la crisis a causa de las malas dotes negociadoras de Timoshenko.
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