Los grupos políticos del Parlamento Europeo han escenificado hoy su división de opiniones sobre la conocida como directiva sobre el retorno de inmigrantes. Populares y liberales optan por dar su visto bueno, mientras los socialistas no han especificado el sentido de su voto ante las discrepancias entre los distintos países. Izquierda Unitaria se opone a la norma, que prevé, entre otras cosas, aumentar a 18 meses el periodo de internamiento de inmigrantes sin papeles. Mañana está previsto que los eurodiputados voten la directiva, que ya cuenta con el respaldo de los ministros, por lo que, de salvar el trámite, quedará definitivamente aprobada.
No está cantado, de todas formas, que la norma pase el trámite parlamentario. Por el momento, la directiva cuenta con el respaldo explícito del grupo Popular y de una mayoría del Liberal que, sumado al de los diputados más a la derecha del hemiciclo podría ser suficiente. Mientras, la izquierda se ha mostrado contraria a la actual redacción, aunque el grupo socialista aún no ha definido el sentido de su voto ?hay diferencias entre los distintos países- y esperan a la votación de las enmiendas que han presentado para decidirlo.
En nombre del Partido Popular Europeo (PPE), el español Agustín Díaz de Mera, ha asegurado que la directiva de retorno supone un "paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración, un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una precondición para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal".
Para los liberales, tercera fuerza de la cámara, el texto de la directiva aprobado por los ministros "no es perfecto", pero va en la "dirección adecuada", según Jeanine Hennis-Plasschaert. No obstante, las opinión favorable dentro de los liberales no es unánime.
Tampoco lo es entre los socialistas. Por ejemplo, los españoles están a priori a favor, pero el grupo socialista europeo ha presentado siete enmiendas, incluyendo una para que el periodo de internamiento se quede en seis meses y no se aumente a 18. El eurodiputado español Javier Moreno ha defendido la postura de los españoles favorable al texto, diciendo que supone "un paso adelante hacia una política de inmigración común", pero ha defendido los cambios propuestos por su grupo como una forma de "acercar la directiva a las legislaciones más avanzadas y garantistas, como la española".
Verdes e Izquierda Unitaria se oponen al texto de la directiva, que consideran "vergonzoso", según ha expresado el español Willy Meyer. Para los Verdes, sólo es "una extensión de la política restrictiva de los países". En su intervención, Meyer ha llamado a la movilización ciudadana en contra de un marco legal que, a su juicio, sólo pretende facilitar "la expulsión de 8 millones de personas".
Finalmente, el ministro del Interior esloveno, Dragutin Mate, en representación de los Veintisiete, ha asegurado que los países no aceptarán cambios en un texto que ya está "en el límite" de lo que algunos gobiernos podían aceptar. Por ello, ha advertido de que en caso de que el PE obligue a un proceso de segunda lectura se darían "retrasos grandes" durante los que "no se mejoraría la situación de los inmigrantes
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