El proceso contra la jefa de la oposición parlamentaria de Ucrania, Yulia Timoshenko, por sus responsabilidades en la firma de unos acuerdos de de suministro de gas con Rusia en 2009, deteriora la imagen del presidente Víctor Yanukóvich y de la clase política que ha arremetido contra la carismática ex primera ministra. Medios europeos en Kiev señalan que el proceso podría perjudicar las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea e incluso enfriar las negociaciones del tratado de Asociación que Kiev negocia con Bruselas. La jefa de la política exterior de la UE, Catherine Ashton, y el comisario responsable de Ampliación y política de vecindad, Stefan Füle, exhortaron a Ucrania a "mantener los principios y valores comunes que forman el núcleo de la Asociación Oriental".
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El magistrado Rodion Kiréev, presidente del tribunal de Kiev que juzga a Timoshenko y queordenó encarcelarla el pasado viernes, se ha negado hoy a cambiar las medidas cautelares de privación de libertad. El magistrado ha permanecido impasible ante la apelación del abogado de la acusada, los representantes de las tres principales confesiones religiosas del país y no ha reaccionado tampoco a un llamamiento de figuras del mundo de la cultura y el arte. En defensa de la primera ministra ha salido el primer presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, según el cual el proceso desestabiliza el país y daña la política europea de Ucrania. Para el 24 de agosto, día de la independencia, la oposición ha anunciado manifestaciones en Kiev.
Hoy el ministro de Exteriores de Ucrania, Konstantín Gríschenko, ha comparecido ante el tribunal y se ha enzarzado en un acalorado debate con la ex primera ministra. Gríschenko era embajador en Moscú en 2009 cuando se firmaron los acuerdos del gas que, según la Fiscalía, provocaron pérdidas de más de 200 millones de dólares al país. Los acuerdos fueron supuestamente tan onerosos para Kiev que pusieron a merced de Moscú al equipo formado por el presidente Víctor Yanukóvich y el jefe de gobierno Mikola Azárov.
Este tandem, sucesor del que formaron Víctor Yúshenko y Timoshenko, se vio obligado a hacer grandes concesiones a la presencia militar rusa en la península de Crimea, tras su llegada al poder en febrero de 2010. En abril de aquel año, Yanukóvich firmó con su colega ruso, Dmitri Medvédev, los acuerdos de Járkov, en virtud de los cuales el estacionamiento de la Flota Rusa del Mar Negro que expiraba en 1917 se prolongó hasta 2042, a cambio de lo cual Ucrania mejoró algo sus condiciones para la compra de gas ruso, aunque no consiguió anular o renegociar los acuerdos firmados por Timoshenko.
Escándalos de corrupción en Ucrania
La pasada madrugada, la jefa de la oposición fue conducida al juzgado del distrito de Pechera de Kiev bajo escolta policial junto con el que fuera su ministro del Interior, Yuri Lutsenko. Este funcionario, que lleva desde fines de diciembre en prisión preventiva, está acusado de extralimitarse en sus competencias y de usar indebidamente fondos públicos. Sobre el telón de fondo de grandes escándalos de corrupción no castigados en Ucrania, ambos juicios son valorados por los observadores como acontecimientos políticos. En el primer caso, el tribunal fiscaliza la gestión de gobierno de la primera ministra (y no un asunto de corrupción que la concierna personalmente). En el segundo, se trata de asuntos de importancia modesta.
Fuentes de la administración de Justicia, citadas por los medios ucranianos, consideraban posible que las presiones internacionales hagan que Timoshenko sea puesta en libertad en los próximos días. Si eso ocurre habrá que esperar a que los ánimos se enfríen, porque en cada sesión del proceso Timoshenko cubre de insultos a los que la juzgan y a quienes testimonian contra ella. Formalmente, el juez cambió las medidas cautelares contra Timoshenko el viernes alegando que ésta había faltado al respeto al tribunal. Antes de la decisión, Timoshenko se había enzarzado en una agitada discusión con el actual primer ministro Mikola Azárov, y también había acusado al juez de estar cumpliendo un encargo político.
Moscú trata de defender la legitimidad de los contratos del gas, mientras en el entorno de Yanukóvich tratan de socavarla, lo que mejoraría sus argumentos de cara a una renegociación. Tras la detención de la primera ministra, el ministerio de Exteriores de Rusia exhortó a Ucrania a asegurar un juicio imparcial a Timoshenko y subrayó que los acuerdos del gas de 2009 fueron firmado siguiendo las ordenes dadas por los presidentes de la Federación Rusa y Ucrania, es decir Medvédev y a la sazón, Víctor Yúshenko.
Timoshenko acusa al ministro del Exteriores
Durante la comparecencia del ministro de Exteriores Grischenko, la ex primera ministra le acusó de haber hecho presiones a favor de los intereses de RosukrEnergo, un intermediario participado por Gazprom que Timoshenko suprimió. Grischenko, a su vez, le reprochó el haber firmado sin tener el apoyo del gobierno. Sin ninguna finura diplomática, el ministerio de Exteriores se solidarizó con la decisión del juez de arrestar a la primera ministra y, dirigiéndose a los países de la UE, manifestó su esperanza que "las relaciones entre Ucrania y la UE sean más amplias que el destino de un político".
Si en medios comunitarios suenan voces partidarias de congelar el acercamiento a Ucrania, Timoshenko, en cambio, aseguraba en una nota difundida por su partido, que lo que está sucediendo con ella debe ser un motivo para acelerar al máximo la firma y ratificación del Tratado de Asociación. Este documento, opinaba, impedirá el avance en Ucrania de las "tendencias autoritarias y dictatoriales que ahora observa el mundo".
"La Justicia permanece sorda a las señales de delitos por parte de personas actualmente en el poder que suponen muchos millones, mientras la oposición es acusada por artículos de la ley, por los que es casi imposible probar que se ha causado algún perjuicio", afirma Rostyslav Pavlenko en el semanario Ukrainian Week. Según Pavlenko, se trata de un "intento de venganza", ya que si los tribunales consideran ilegales los tratados de gas con Rusia, podrían apelar contra ellos en un tribunal internacional. El objetivo del partido en el poder es quitar de en medio a la jefa de la oposición y conseguir en 2012 una mayoría constitucional para remodelar la ley fundamental ucraniana.
